lunes, 28 de agosto de 2023

De Memoria
Algunos recuerdos sueltos
sobre los orígenes de la Ley 70 de 1993
-2ª Parte-

30 años después de su entrada en vigencia, la Ley 70 de 1993 sigue siendo el instrumento sociojurídico más completo para la defensa y garantía de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras de Colombia. FOTO: Festival Petronio Alvarez 2023-Twitter: @PetronioCO.

Se cumplieron 30 años de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras, el domingo 27 de agosto de 2023. El balance de su aplicación en materia de titulación colectiva de tierras es altamente favorable: de hecho, por ejemplo, el Consejo comunitario mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA, es titular de un área de propiedad colectiva de casi 700.000 hectáreas. Pero lo que sí resulta imperdonable es que la reglamentación de esta ley en las demás materias pendientes continúe siendo -tres décadas después- una promesa vana y recurrente que se saca del catálogo político electoral cada cuatro años con el único y cínico fin de captar votos incautos para Congreso y Presidencia de la República. Una promesa que hace dos días, con la firma de un par de decretos reglamentarios de los capítulos IV  y V de la ley (Recursos naturales y medio ambiente, y Recursos mineros) pareciera, por fin, haberse empezado a cumplir.

Aun con este vacío de reglamentación y varios de aplicación, la Ley 70 de 1993 sigue siendo el hito de mayor trascendencia en toda la historia del movimiento social afrocolombiano en cuanto al reconocimiento de derechos de las comunidades negras del país. La Ley 70 de 1993 puso en la escena sociojurídica y política a las comunidades negras como sujetos válidos y constituyentes de la nacionalidad multiétnica y pluricultural de Colombia; lo cual, en medio del racismo sistemático e interiorizado de la mayor parte de la sociedad, que ni siquiera puede aceptar -sin denigrar de ella- que la vicepresidenta de la República sea negra; es un acontecimiento de carácter histórico para nuestra democracia.

Dicho racismo, unido a la escasa comprensión de la cuestión étnica y al nulo interés en la misma, así como cierta dosis de indolencia social y clasismo, habrían de ocasionar no pocas dificultades e incomprensiones en tiempos de los orígenes de la Ley 70 de 1993, desde sectores académicos, políticos y eclesiásticos de Quibdó y el Chocó. El recuento de algunas de estas situaciones, que incluso en su momento llevaron a la ACIA a titular un comentario en El Atrateño, su boletín bimestral de entonces: “Le levantan corrinches a la ACIA”; es la materia de esta segunda parte de la compilación de recuerdos sobre aquellos tiempos en los que se estaba gestando la Ley 70 de 1993.

La academia ausente

Desde que comenzó el proceso organizativo de las comunidades indígenas del Chocó, del cual nació la OREWA, primera organización indígena de carácter regional, y desde que los equipos misioneros del Vicariato de Quibdó y líderes campesinos del Atrato Medio emprendieron la tarea de construir una organización campesina, que se constituiría como ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato); las comunidades, sus líderes y sus acompañantes o asesores esperaban que el símbolo de la academia chocoana, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba -UTCH-, asumiera un papel activo, propositivo, creativo y solidario en el proceso organizativo, de formación, de discusión y debate, que tan complejo e intrincado se tornaba a ratos por la novedad de las materias involucradas.

En efecto, estábamos tratando con un conjunto de materias, minucias, detalles, costumbres, tradiciones, que a través del proceso pretendíamos convertir en categorías normativas lo más elevadas y vinculantes que fuera posible, jurídicamente hablando; tales como el reconocimiento del carácter étnico del pueblo negro, el levantamiento de la Reserva Forestal del Pacífico (Ley 2ª de 1959) para titular esas tierras de manera colectiva a los campesinos negros del Medio Atrato, del Chocó, del Pacífico; el establecimiento de nuevas instituciones de carácter comunitario para la administración del territorio y el ejercicio de la autoridad territorial por parte de los propios campesinos; la institucionalización de las tradiciones de uso y manejo de los bosques, de las orillas, los ríos y el monte, de la propiedad sin dueños reconocidos, de la propiedad reconocida desde antiguo a los troncos familiares en cada pueblo, en cada calle del río, en cada segmento de los cursos medios y de las desembocaduras; etcétera, etcétera, etcétera.

Pero, no. No fue así. La UTCH se limitó a hacer presencia -cuando asistía, pues no todas las veces lo hacía- con sus delegados en las reuniones a las que era convocada, con representaciones discontinuas y sin ir más allá del acto de presencia. Únicamente el Profesor Millo, Néstor Emilio Mosquera Perea, y el Profesor Carlos Arturo Caicedo Licona, en quienes no era extraño ni nuevo este apoyo, pues de hecho siempre habían sido interlocutores entusiastas y constructivos de los Misioneros Claretianos que habían trabajado desde el principio en estas lides, como Gonzalo de la Torre, Jairo Miguel Guerra, Wilson Cuevas, Antonio Mena, Jaime Salazar, Javier Pulgarín, Hernando Moná y Héctor Castrillón, entre otros; se mostraron siempre fervorosos y entusiasmados con las discusiones, y favorables a las propuestas que surgían de los encuentros, las reuniones, los cursillos y talleres educativos del campesinado en el Medio Atrato; los cuales terminarían germinando y fructificando en la conformación de la ACIA, Asociación Campesina Integral del Atrato, que se convirtió en adalid del camino que condujo al Artículo  Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia y a la Ley 70 de 1993.

También contribuían con pequeños y valiosos apoyos a la causa, como su acompañamiento y participación en las reuniones de trabajo, y su disposición permanente para mantenerse informadas y así transmitir a sus estudiantes y colegas los puntos centrales de debate, a manera de pedagogía, un grupo de profesoras del programa de Trabajo Social de la UTCH, en el cual se destacaban Inocencia Lemus de Uribe, Luz Stella Useche de Del Valle, Berta Conto García y Sara García Perea, quien había participado en el Foro de Buchadó, donde los campesinos le habían planteado, por primera vez como organización, los aspectos centrales de sus reivindicaciones étnicas y territoriales a los representantes gubernamentales del orden nacional. Contrario a estas profesionales chocoanas y a sus colegas Millo y Licona, en un acto como de Ripley o del Extraño mundo de Subuso, en la misma UTCH se gestó una de las más férreas campañas de tergiversación y desprestigio de las ideas que originaron la Ley 70 de 1993. La lideró el sacerdote chocoano John Hérbert Valencia Barco, quien era un célebre profesor de la institución y quien -de modo obcecado y tendencioso- no solamente controvirtió con argumentos que no lo eran, sino que -además- inventó lo que hoy llamaríamos fake news para desacreditar el proceso.

Además de la indiferencia del sector académico
del Chocó, el proceso de origen de la Ley 70
debió soportar hostilidades políticas, maledicencia
y campañas de desprestigio.

El Padre Hérbert o la cuña del mismo palo

No satisfecho con generar un ambiente literalmente enrarecido y confuso respecto a dicho proceso, el Padre John Hérbert Valencia Barco llegó al extremo de afirmar que el reconocimiento de la propiedad colectiva era una condena al atraso -intencional y premeditada- para las comunidades negras, pues, según su parecer, el carácter inalienable de las tierras reconocidas impedía que sus propietarios pudieran negociarlas con quien quisieran; como si vender la tierra fuera el fin de obtener su propiedad y como si no fuera precisamente el carácter colectivo y familiar, ancestral y tradicional, no comercial ni catastral, el sentido ulterior y profundo de dicha propiedad.

Dijo también el Padre Hérbert que él había estado en África y que los negros de allá no se parecían en nada a los de acá y que, por tanto, según su olímpica salida, era inapropiado apelar a las huellas de africanía y a la ascendencia africana para remarcar las raíces de la composición étnica de las comunidades negras del Medio Atrato, el Chocó y el Pacífico Colombiano. Y dijo, también, que reconocer, validar y valorar los sistemas tradicionales de producción del campesinado medioatrateño era un error histórico, cultural y antropológico; pues estos sistemas -según su burdo y descortés dictamen- eran tan precarios y primitivos que impedían el desarrollo capitalista del Chocó; como si su eficacia para sustentar la existencia de las comunidades desde mediados del siglo XIX y su sabiduría como modelo adaptativo sostenible fueran cosas desdeñables desde la perspectiva científica que él invocaba, pero que evidentemente no aplicaba.

De ahí para allá, todo lo que tuviera tinte étnico (el desarrollo propio, la etnoeducación, la salud comunitaria basada en prácticas tradicionales de uso medicinal de productos del bosque, etcétera) fue motivo de desprestigio e incluso de burla por parte del Padre Hérbert y sus seguidores. De esta manera, este cura católico chocoano no solamente actuaba incoherentemente con los títulos académicos que solía exhibir como prueba reina de sus conocimientos, sino también con su condición de afrochocoano y de presbítero incardinado a una diócesis cuya opción fundamental por la vida incluía el trabajo pastoral en la defensa de la cultura, el territorio y los recursos naturales de la gente de su jurisdicción; amén del trabajo por su reconocimiento e inclusión con perspectivas de clase y de género.

De modo más absurdo aún, las ventoleras opositoras del presbítero John Hérbert Valencia Barco encontraron eco en Quibdó, en un sector numeroso de profesores de la UTCH, en funcionarios públicos y políticos en general. Encontraron también todo el eco en un sector dogmático de la izquierda que hacía activismo político en el Chocó de entonces, incluyendo su apoyo a la protesta social. De modo bastante insólito, mientras proclamaba grandilocuentemente su militancia a favor del pueblo como sujeto histórico respecto al imperialismo, al colonialismo y a los enclaves económicos que históricamente habían saqueado los bosques y las minas del Chocó; este sector de la izquierda, simultáneamente, juzgaba equivocado reivindicar el carácter inalienable de la tierra, dizque porque así se mantendría a la gente en un estadio precapitalista, porque no podría negociar, vender ni transar las tierras, los bosques, los ríos y el conjunto de recursos de fauna, flora y metales preciosos que estos escenarios albergaban. Como si la transacción comercial con los dueños del capital fuera el destino de aquel territorio que las comunidades negras del Atrato Medio, en el Chocó, comenzaban a considerar como el escenario histórico, cultural y étnico de su vida… Y, como si lo anterior fuera poco, esta izquierda que parecía tener la derecha alborotada, sin pudor intelectual alguno, denostaba de la reivindicación étnica del pueblo negro medioatrateño, dizque porque su situación de postración e indignidad socioeconómica y su exclusión de la vida nacional no dependían de su condición racial, sino -única y exclusivamente, según ellos- de su condición de clase.

“Le levantan corrinches a la ACIA”

Hasta al corrinche y la difamación recurrieron los enemigos del proceso que dio origen a la Ley 70 de 1993. Tanto la ACIA como los equipos misioneros del Vicariato de Quibdó, incluido el Obispo, debieron defenderse frecuentemente de las campañas de desprestigio y de los rumores y noticias falsas que sobre su trabajo se pregonaban desde diversos sectores.

Como lo vimos en la primera parte de esta colección de recuerdos traídos a cuento con motivo de loa 30 años de expedición de la Ley 70 de 1993; el Foro de Buchadó y el documento final del mismo suscrito por los participantes, conocido como Acuerdo de Buchadó, condujeron a una serie de decisiones de la Junta Directiva de Codechocó -Corporación Nacional para el desarrollo del Chocó- que quedaron consignadas en el Acuerdo 88 del 30 de julio de 1987, el cual fue complementado mediante el Acta de Bellavista, documento aclaratorio suscrito por campesinos y funcionarios.

El ambiente desfavorable generado por los malentendidos, confusiones, versiones falsas y desinterés en el proceso de reconocimiento de derechos ambientales, territoriales y étnicos a los campesinos del Medio Atrato llegó hasta la Junta Directiva de Codechocó. Testigos de primera mano de aquella época recuerdan que “al Acuerdo 88 se opusieron los miembros de la junta directiva de Codechocó Víctor Rafael Valencia, Martín Hernán Orejuela y Antonio J. Murillo. La decisión tuvo el apoyo, además de los miembros de la junta, Martha Lasprilla y Arturo Ferrer, del gobernador del Departamento Miguel A. Lozano Córdoba y del delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Álvaro Peñuela Salgado. Hubo también un intento de oposición de los aserríos y de una supuesta organización campesina del bajo río Atrato liderada por un funcionario de Codechocó”[1].

Esa situación era el reflejo del ambiente que se vivía en Codechocó, donde gran parte de los funcionarios acusaban a la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, de ser un obstáculo al desarrollo regional; pues, según ellos, sus posiciones críticas provenían del afán de no querer dejar hacer nada a las instituciones, en particular a dicha entidad. La situación llegó a ser tan crítica que mereció una nota aclaratoria de parte de la organización en su boletín El Atrateño, de abril de 1991[2]. Bajo el título “Le levantan corrinches a la ACIA”[3], la organización dio a conocer públicamente la situación: “las instituciones gubernamentales, como es el caso concreto de CODECHOCÓ, dicen que la ACIA no quiere el desarrollo para la región y difaman comentando que la organización rechaza a las entidades y que no quiere trabajar con ellas”. Y advirtió a sus integrantes: “Queremos comentarles, compañeros, que eso es mentira. La ACIA no rechaza a las entidades. Solo quiere que ellas respeten la posición de una organización popular que defiende los intereses de un pueblo marginado”. Además de planteamientos sobre el derecho a la participación real en los proyectos y a la toma decisiones sobre su territorio, la ACIA dejó claro que “el desarrollo debe ser ajustado a nuestros medios” y “por eso somos celosos de los proyectos que no cuentan con nosotros”.

Dos años antes, en un foro sobre titulación de tierras y productividad, un conocido abogado quibdoseño, excandidato a la Alcaldía de Quibdó y líder cívico, había tenido también una salida en falso sobre la propiedad colectiva en general y sobre los sistemas productivos del Medio Atrato. La ACIA, en su boletín bimestral El Atrateño, de julio-agosto de 1989, relató y rechazó lo ocurrido: “El pasado 18 de julio, se realizó en Quibdó un Foro sobre titulación de tierras y productividad… este foro fue y es muy significante para nuestra organización, teniendo en cuenta que la titulación de tierras y todo lo referente a los recursos naturales ha sido nuestra bandera. Allí se dieron varios enfrentamientos ideológicos, como lo fue la ponencia del excandidato a la alcaldía Marcos Tobías, quien defendió una posición que bien podría ser de la más exagerada antichocoanidad. Él hizo referencia a que era necesario que el Chocó fuera invadido por colonos del interior, debido a que el campesinado chocoano “carece de experiencia agrícola”. Afortunadamente la exposición de este señor obtuvo un rechazo general”[4].

Ese incidente le dio mayor relevancia a la declaración conjunta que para el evento habían emitido la ACIA y la OREWA, suscritas por sus respectivos secretarios, Nevaldo Perea y Víctor Carpio; una declaración en la que, entre otros aspectos principales, exigían el “reconocimiento por parte del Estado de la existencia de dos minorías étnicas en la Costa Pacífica: indígenas y negros”, “territorio para ambas etnias” y la garantía de “los derechos humanos de las comunidades negras e indígenas y que se nos brinden las mismas oportunidades que a todos los colombianos”[5].

Así lucía la Carrera Primera de Quibdó por los tiempos de la promulgación de la Ley 70 de 1993. El saqueo maderero era público y notorio. El malecón del río Atrato era depósito privado de maderas finas y parqueadero de los camiones que se las llevaban hacia Antioquia y Risaralda. FOTO: Julio César U. H. Archivo personal.

Las vueltas que da la vida

En la actualidad, el Padre Hérbert vive el otoño de su vida. A falta de sus cantos de sirena y ante el hecho palmario del reconocimiento de las comunidades negras como sujeto étnico y político en Colombia, las voces de sus seguidores ya no repiten las barrabasadas de hace tres décadas. Aquellos sectores de supuesta izquierda que también se empeñaron en desacreditar aquel proceso son ahora más caducos y sectarios que nunca, y ahora trabajan en alianza con la más rancia derecha disfrazada de centro. Y, por las vueltas que da la vida: “la UTCH adoptará desde su nuevo Estatuto General un Enfoque Étnico Intercultural”[6] y -en un evento que se realizará en su campus el próximo septiembre- presentará “su declaración institucional como Universidad Interétnica e Intercultural y Biodiversa”[7].

La reglamentación postergada

Hoy, 30 años después de aquella indiferencia académica y de aquellas animadversiones y hostilidades políticas, la reglamentación pendiente de la Ley 70 de 1993 ha comenzado. Y esta es la mejor celebración de su significativo cumpleaños. “Hoy es un día de regocijo, porque después de tantos años de lucha incansable, de resistencias permanentes por la reivindicación de los derechos étnicos territoriales, se da un paso importante en términos de la garantía de implementación de la Ley 70 de 1993”, expresó la Vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, quien fue minera artesanal en su comunidad negra de Suárez (Cauca) durante varios años de su vida, en el acto donde fueron firmados por el Presidente de la República dos decretos, reglamentarios de los capítulos IV y V de la ley, que se ocupan de de los recursos naturales y el medio ambiente, y de los recursos mineros.

Uno de los decretos firmados reglamenta el Capítulo V de la Ley 70 de 1993 en cuanto a la adopción de "mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas" y reconoce "los derechos mineros de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para delimitar zonas mineras de las comunidades negras y la aplicación del derecho de prelación frente a intereses de exploración y explotación de particulares diferentes a esas comunidades”[8]. El otro decreto (N° 1384, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) reglamenta "el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales contenidas en la Ley 70 de 1993, en lo relacionado con los recursos naturales renovables y del ambiente, en los territorios colectivos adjudicados, en trámite u ocupados ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras".

En su intervención ante el Congreso de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, el viernes 25 de agosto de 2023, el Presidente Gustavo Petro “reconoció que los decretos pueden, quizás, tener “imperfecciones”, pero se constituyen en un “instrumento de lucha, en unas banderas que ahora pasan a sus manos y de ustedes dependerá que no perezcan, que no se vuelvan sueños derrotados”.[9]

Hace 30 años, el 27 de agosto de 1993, en el acto de promulgación de la Ley 70 de 1993, en el Parque Manuel Mosquera Garcés, de Quibdó, el entonces Gobernador del Chocó, Antonio Heráclito Maya Copete, remató su discurso expresando: “Un proverbio chino dice que “el camino más largo empieza por el primer paso”. Sabemos que tenemos un largo trecho por recorrer”[10]. El camino de la reglamentación de la ley ha sido más largo de lo que entonces pensábamos; pero, ahora, se han empezado a dar nuevos pasos, que ojalá lleven a puerto este proceso, ya que, como están las cosas, es muy probable que este sea uno de esos casos en los que se trata de ahora o nunca.

El Acuerdo de Buchadó es uno de los hitos fudamentales en el origen de la Ley 70 de 1993, que cumple 30 años de haber sido promulgada. Así lo registró para la historia El Atrateño, Boletín informativo de la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato), en junio de 1987.

A Saturnino Moreno y Nevaldo Perea,
Raúl Rentería y Florentino Mosquera, 
Ana Victoria Torres y Zulma Cornelia Chaverra.
A Monseñor Jorge Iván y al Maestro Gonzalo.
A Uli y a José, a las Agustinas y a las Lauritas.
A las Seglares Claretianas.
...Entre otros/as. 

[1] Enrique Sánchez, Gonzalo Valdez, Rocío Gallego, Josef Hoing. 2018. Semillas de Paz y Esperanza. Aportes a la Etnoeducación y el trabajo social en barrios populares de Bogotá. Fundación de Vida 1989-2018. Editorial Nueva América, Bogotá. 286 pp. Pág. 53.

N.B. La “supuesta organización” a la que se alude en la cita reproducida no es OCABA, Organización Campesina del Bajo Atrato, que sí fue una organización representativa de las comunidades y lideró las reivindicaciones étnicas y territoriales durante los años que tuvo de existencia.

[2] El Atrateño, N° 19. Boletín de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Pág. 4.

[3] Corrinche: comentario malintencionado o negativo que se hace sobre algo o alguien. Diccionario de Colombianismos. Instituto Caro y Cuervo. 2018.

[4] El Atrateño, N° 16. Julio-agosto 1989. Boletín de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Pág. 1.

[5] Declaración conjunta ACIA – OREWA. Julio 18 de 1989. En: El Atrateño N° 16. Julio-agosto 1989. Boletín de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Pp. 2-3.

[6] La UTCH adoptará desde su nuevo Estatuto General un Enfoque Étnico Intercultural. En: https://www.utch.edu.co/nueva/noticias/847-la-utch-adoptar%C3%A1-desde-su-nuevo-estatuto-general-un-enfoque-%C3%A9tnico-intercultural (Consultado: 26.08.2023).

[7] Primer Congreso Internacional “Educación, Etnia y Cultura” y VII Encuentro Internacional de Investigadores en Comunicación: “Comunicaciones Etnicidades y Culturas”. Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Quibdó, 18,19 y 20 de septiembre de 2023. En: https://www.utch.edu.co/nueva/congreso-comunicaci%C3%B3n,-etnia-y-cultura (Consultado el 26.08.2023).

[9] Ibidem.

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lunes, 21 de agosto de 2023

 De Memoria
Algunos recuerdos sueltos
sobre el origen de la Ley 70 de 1993
-1ª Parte-

Fragmento del Mural "Historia de la Ley 70", de Fredy Sánchez Caballero, en la Universidad Claretiana de Quibdó.

El 27 de agosto de 2023, se cumplen 30 años de la expedición de la Ley 70 de 1993, mediante la cual se reconoce a las comunidades negras de Colombia su condición de grupo étnico; el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción; así como la protección de su identidad cultural “y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana” (Capítulo I, Artículo 1°).[1]

Una historia por contar

Nacida en las entrañas de los montes, en las orillas y la profundidad de los ríos y las ciénagas, en la infinitud de las playas y las mares, los manglares, los estuarios y los esteros, en la conciencia renaciente de mujeres y hombres de estirpe campesina y ascendencia africana, que a lo largo y ancho de las tierras bajas del Pacífico Colombiano habían forjado sus vidas y sus parentelas desde hace siglo y medio; la Ley 70 de 1993 es fruto de un proceso colectivo cuyos orígenes se remontan a los esfuerzos formativos y organizativos que -una década antes de su expedición- se adelantaron en pueblos de la cuenca media del río Atrato, como Beté, Campo Alegre y Tanguí, Las Mercedes y Tagachí, El Tigre, La Boba, Palo Blanco y Buchadó, y en caseríos y pueblos de ríos afluentes como Munguidó y Bebará, Arquía y Murrí, Buey y Bebaramá. Tales esfuerzos contaron con el auspicio y la orientación de la Iglesia Católica, a través del Vicariato y posterior Diócesis de Quibdó, los Misioneros Claretianos y los Misioneros del Verbo Divino, las Hermanas Agustinas Misioneras y las Misioneras Lauritas, y dos grupos laicales -integrados principalmente por mujeres- del Movimiento de Seglares Claretianos y de la  Unión de Seglares Misioneros (USEMI), que había sido fundada originalmente como Unión Femenina Misional (UFEMI) por quien probablemente fue el primer jerarca católico que en Colombia le imprimió una perspectiva étnica a la doctrina social de la Iglesia: el obispo Gerardo Valencia Cano, quien fuera Vicario Apostólico de Buenaventura entre mayo de 1953 y enero de 1972, cuando murió en un accidente aéreo de Satena en los Farallones del Citará, en el filo de la Cordillera Occidental.

Aunque la mayor parte de su contenido aún no ha sido reglamentado y su aplicación en materia de desarrollo propio, etnoeducación y manejo sostenible de los recursos naturales, bosques y minería, aún esté pendiente; la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras cambió para siempre el panorama jurídico y político del reconocimiento, la garantía y el ejercicio de los derechos étnicos de las comunidades negras, y constituye uno de los mayores hitos socio-jurídicos en materia étnica en la historia legislativa de Colombia. Aunque su historia se ha escrito, parcialmente, unas cuantas docenas de veces, desde diversas perspectivas, enfoques y versiones -más o menos cercanas a la realidad del proceso que la originó, más o menos sesgadas por intereses personales, políticos e institucionales-; aún se podría pensar en un proyecto de documentación, investigación y narración histórica de los orígenes y la expedición de la Ley 70 de 1993, que subsane los sesgos de imprecisión y construya relatos memorables sobre este acontecimiento tan memorable.

Mientras tanto, todos los que participamos en el prolijo y complejo proceso que condujo a la existencia y vigencia de la Ley 70 de 1993, seguiremos componiendo nuestras propias versiones de esta historia, a partir de los hitos de nuestra propia memoria y de la multiplicidad de versiones más o menos difundidas; todas las cuales, por fortuna, mantienen un elemento en común: el reconocimiento del protagonismo sustancial de ese sujeto colectivo que fueron las propias comunidades que, en cada reunión, taller, charla, cursillo, misa, foro, marcha y manifestación, hicieron conciencia de su historia y permitieron que el trabajo conjunto entre líderes, misioneros, profesionales y funcionarios decentes, modelaran dicha historia y su cultura como bases de la plataforma sólida de reivindicación de derechos étnicos, territoriales, culturales, económicos, sociales, que se materializaron en esta ley que llega a 30 años de vigencia, una conmemoración que debería ser motivo de alegría y celebración nacional por su valor simbólico como reconocimiento institucional, jurídico y político de una realidad soslayada hasta entonces durante toda la vida republicana de Colombia… Precisamente, de nuestra propia memoria, van estos recuerdos sueltos que compartimos con todos los amigos de El Guarengue.

El proceso que condujo a la Ley 70 de 1993 está indisolublemente ligado al trabajo pastoral y misionero de la Iglesia Católica, de modo especial por parte del Vicariato y después Diócesis de Quibdó. Las imágenes corresponden a los obispos Jorge Iván Castaño Rubio y Gerardo Valencia Cano, y a los misioneros Gonzalo de la Torre y Uli Kollwitz.
Llegaron los ACIÁTICOS

En 1983, las empresas madereras que ya habían depredado los bosques de cativo del Bajo Atrato empezaron a hacer inventarios forestales en los bosques del Medio Atrato[2], como parte de su empeño por conseguir un permiso de explotación en esta nueva área del Chocó. Ese mismo año, como comienzo del trabajo pastoral del nuevo Obispo, Jorge Iván Castaño Rubio, el Vicariato Apostólico de Quibdó -cuyos equipos misioneros trabajaban con las comunidades que tenían como morada aquellos codiciados bosques- proclamó públicamente las bases de su Plan de Pastoral; las cuales se resumían en su opción fundamental por la vida, bien fundamental en cuya defensa -según la histórica declaración- la Iglesia asumía un decidido compromiso con los pobres y oprimidos, con una evangelización liberadora, con las comunidades eclesiales de base y las organizaciones comunitarias de base, con la defensa de los recursos naturales y con una iglesia inculturada.

La coincidencia de estos dos disímiles hechos condujo a las comunidades campesinas del Medio Atrato a movilizarse intensamente en pro de generar su propio proceso organizativo, mediante sucesivos encuentros campesinos en Beté y Las Mercedes, en septiembre y diciembre de 1984. “Las comunidades del Medio Atrato presienten la hecatombe. Todo está dado para que su existencia física y cultural conozca el final. Para ese momento la empresa Pizano S. A., una de las depredadoras con más historia en la destrucción de los bosques de cativo, inicia los inventarios para solicitar un permiso de explotación para toda la región media del Atrato”[3]. Ha llegado el momento de poner en práctica lo que campesinos y equipos misioneros han venido reflexionando desde hace varios años, como un proceso de fe y acción, en las comunidades eclesiales de base de Beté y comunidades vecinas. Nace entonces la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Agricultura a mediados de mayo de 1987 y cuyos integrantes se nombran a sí mismos como “ACIÁTICOS” y de este modo se presentan públicamente durante varios años. La ACIA se convierte, entonces, en vocera autorizada de las comunidades y sus reivindicaciones se van decantando hasta desembocar en dos planteamientos fundamentales, que iluminarán de ahí en adelante su accionar y el de sus equipos acompañantes: Primero, estas comunidades han administrado de modo sostenible los bosques, los ríos, las ciénagas y las tierras que actualmente habitan, desde hace más de un siglo, siguiendo sus propios usos y costumbres familiares y comunitarios; por lo tanto, les pertenecen, no son baldíos, y su propiedad les debe ser reconocida. Segundo, la historia y la tradición cultural de las comunidades del Medio Atrato, su ascendencia africana y su identidad negra, de la cual se sienten orgullosos, les dan un carácter diferencial dentro de la nacionalidad colombiana, el cual debe ser reconocido por el Estado y materializado en políticas y programas acordes con su identidad, su historia y su vida.

El Foro de Buchadó

La ACIA y los equipos misioneros tocan todas las puertas institucionales necesarias. Si las puertas regionales se cierran o ni siquiera se abren, otras puertas y una que otra ventana se abrirán en el Estado central, en Bogotá, y hasta allá hay que llegar. Campesinos y misioneros, algunos de los cuales nunca habían ido a la capital del país, nunca habían viajado en avión, nunca habían pasado más de una hora en un bus, llegan hasta las oficinas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de los ministerios, del INCORA, del INDERENA, del ICA y de cuanta instancia esté dispuesta a oírlos con tiempo y voluntad. Y así, poco a poco, se va construyendo una relación entre la organización y las instituciones estatales, que muy pronto empezará a dar sus frutos.

Del 19 al 21 de junio de 1987, un mes después del reconocimiento formal de la ACIA como persona jurídica, por parte del Ministerio de Agricultura; se lleva a cabo el 2° Foro Campesino del Medio Atrato, que pasó a la historia como Foro de Buchadó. “A este foro asistieron 100 campesinos representantes de 35 pueblos desde Quibdó hasta el río Bojayá; una comisión de 5 personas del Departamento Nacional de Planeación (DNP); el director de Codechocó, Jorge Rivas; el director del Proyecto DIAR, J. Van Der Zee, acompañado por el equipo encargado del programa de bosques comunales; un representante del Movimiento Cimarrón, Juan de Dios Mosquera; un representante del Movimiento Cívico del Chocó, Eulides Blandón, conocido como Kunta Kinte; un representante de la Organización Regional indígena Embera Wounaan (OREWA), Milciades Chamapuro, los Equipos Misioneros del Medio Atrato”[4] y otras instancias del Vicariato de Quibdó, como el recién creado Departamento de Comunicación Social, que a partir de entonces se convertirá en baluarte de las tareas formativas del proceso y en generador de contenidos históricos, políticos y culturales, con fines educativos y un enfoque crítico, para las comunidades de toda la jurisdicción del Vicariato.

Igualmente, hubo participación de funcionarios del INCORA y del INDERENA, de CONIF y del ICA, representantes de las alcaldías de la región y de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (la Profesora Sara García Perea). También estuvo presente Zulia Mena, quien trabajaba entonces como Maestra rural en las afueras de Quibdó y era integrante del Equipo Misionero Claretiano del Medio Atrato, que dirigía Gonzalo de la Torre. Zulia Mena, Saturnino Moreno y Nevaldo Perea serán posteriormente símbolos y adalides de esta histórica lucha, cuando toque pasar el Rubicón de la Constituyente de 1991.

Al centro de la foto, Saturnino Moreno, en un evento de capacitación para alfabetizadores, con Lola Cendales, de Dimensión Educativa. El logotipo original de la ACIA (derecha), hoy COCOMACIA, es obra del artista Maximino Cerezo Barredo . FOTOS: Archivo El Guarengue.
El Acuerdo de Buchadó

“Por medio de este foro, la ACIA buscó llegar por fin a un acuerdo concreto con las entidades gubernamentales, acerca del manejo y la administración de los recursos naturales en el Atrato”[5]. Y lo logró. El llamado Acuerdo de Buchadó recogió las conclusiones y consensos del Foro y fue posteriormente desarrollado y concretado en un Acuerdo de la Junta Directiva de Codechocó (Acuerdo 88 del 30 de julio de 1987), mediante el cual se destina “un área aproximada de 600.000 hectáreas para el desarrollo de un Programa de Participación Comunitaria que permita la preservación y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales renovables, así como la investigación científica. Dicha área está ubicada en los municipios de Quibdó y Bojayá en el departamento del Chocó, y Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia”[6]. Dicho acuerdo de Codechocó será complementado un mes después, en una reunión entre las partes, celebrada en Bellavista los días 14 y 15 de agosto; de la cual se dejó constancia en un documento denominado Acta de Bellavista.

El Acuerdo de Buchadó fue firmado por el presidente y el secretario de la ACIA, Heriberto Salcedo y Elio Abad Mena, respectivamente; por Raúl Rentería, de Buchadó, quien actuó como coordinador del foro y quien sería presidente de la organización en el periodo siguiente; Milciades Chamapuro, Vicepresidente de la OREWA; Juan de Dios Mosquera, por el Movimiento Cimarrón; Eulides Blandón, Kunta Kinte, como representante del Movimiento Cívico del Chocó, que acababa de liderar el histórico paro cívico regional de 1987; Jorge Rivas Lara, Director de CODECHOCÓ; Gonzalo de la Torre, en representación de los Equipos Misioneros del Vicariato de Quibdó; el holandés Jaap Van Der Zee, Codirector del Proyecto CODECHOCÓ-DIAR; Enrique Sánchez, Clemencia Muñoz, Gustavo Herrera, Aura Rivera y Juan Soto, del Departamento Nacional de Planeación.

El Acuerdo de Buchadó y las decisiones formales que quedaron consignadas en el Acuerdo 88 de la Junta Directiva de Codechocó pueden considerarse como los primeros antecedentes del futuro contenido de la Ley 70 de 1993.

El Derecho de Amparo

Poco tiempo después del Foro de Buchadó, entra providencialmente en escena Amparo Escobar[7], quien había llegado al Atrato como integrante de la Unión de Seglares Misioneras, USEMI, cuya coordinadora era Leila Betancur, una mujer tan vehementemente bella como sinceramente interesada en el bienestar de la gente negra del río Arquía, que era donde misionaban las USEMI; aunque muchísimo menos expresiva y dicharachera en el trabajo que su compañera Amparo.

Amparo Escobar, que había estudiado en el colegio Marymount (Bloody Mary, le decía), había sido condiscípula en Medellín, en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana -UPB-, donde se había graduado como abogada, del abogado bagadoseño y yesquiteño D’Yamil Antonio Bedoya Córdoba y de la abogada quibdoseña Marciana Perea Chalá, hija del famoso parlamentario Aureliano Perea Aluma y de su esposa, la maestra Enriqueta Chalá de Perea. Jaime Betancur Cuartas, Magistrado y Presidente del Consejo de Estado, había sido su profesor en la UPB.

La primera tarea que, con una generosidad ejemplar, llevó a cabo Amparo Escobar, fue trabajar ad honorem como la primera asesora jurídica de la ACIA, cuando la organización ni siquiera tenía una sede y el Vicariato Apostólico de Quibdó le cedió una oficina en el primer piso de su patrimonial y bello edificio, conocido por los quibdoseños como el Convento. Allí, en equipo con los líderes campesinos, Amparo emprendió la dispendiosa labor de organizar, clasificar y archivar de manera racional y sistemática la ya copiosa documentación que la ACIA había venido acumulando, entre oficios, cartas, boletines, documentos y folletos. Igualmente, trabajó con la Junta Directiva en la elaboración de un plan de trabajo claro y concreto, con objetivos, metas, actividades y cronograma.

Mientras asumía estas tareas, Amparo Escobar apoyaba y asesoraba las relaciones formales con las instituciones, la elaboración cuidadosa de oficios y documentos; y destinaba parte de su tiempo a trabajar conjuntamente con otros profesionales de apoyo y misioneros acompañantes de la ACIA. Una tarea que, en ese contexto sería fundamental fue el análisis y difusión pedagógica del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que había sido adoptado el 27 de junio de 1989; instrumento este en el que Amparo Escobar vio una oportunidad jurídica de enmarcar el conjunto de reivindicaciones territoriales, étnicas y socioeconómicas que la ACIA venía promoviendo.

Abogados de la Fundación de Comunidades Colombianas, FUNCOL, oenegé que venía siendo consultada por los misioneros y la ACIA, dada su amplia experiencia de trabajo en derecho étnico con comunidades y organizaciones indígenas de todo el país; coincidieron con Amparo en que era probable que el Convenio 169 de la OIT pudiera ser capitalizado a favor de las pretensiones de las comunidades negras del Medio Atrato. Teniendo en cuenta que dicho instrumento se aplica (Parte I. Artículo 1)[8] “a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”; tanto Amparo Escobar como los abogados de FUNCOL coincidieron en que la mayor parte de lo allí establecido se cumplía en el Medio Atrato y por lo tanto estas comunidades podrían solicitar al Estado colombiano su asimilación a esta categoría de aplicación del convenio; de modo que, por esta vía, se accediera a derechos como la Consulta Previa y los modelos propios y autónomos de desarrollo, entre otros que el convenio establecía.

Luego de extensas y participativas reflexiones con las comunidades campesinas y los líderes de la ACIA, con los misioneros y profesionales que apoyaban a la organización campesina y desarrollaban con ella procesos formativos y de construcción de propuestas reivindicativas de todo tipo; se llegó a la decisión de elevar una consulta formal al Consejo de Estado de la República de Colombia acerca de la viabilidad de asimilar las comunidades negras del Medio Atrato a lo establecido para pueblos indígenas y tribales en el convenio 169 de la OIT, a partir del ámbito de aplicación del mismo, definido en la Parte I, artículo 1, numeral 1, inciso a). Amparo Escobar debía aprovechar que había sido alumna universitaria del Magistrado Betancur Cuartas, del Consejo de Estado, para solicitar su colaboración en la pronta respuesta a la consulta.

Así las cosas, si la respuesta del Consejo de Estado era positiva, es decir, si este organismo conceptuaba que las comunidades negras del Atrato Medio sí eran asimilables a los pueblos tribales mencionados en el convenio 169 de 1989 de la OIT, la puerta quedaría abierta para alegar que era posible extender figuras legislativas de propiedad colectiva, similares a los resguardos indígenas, a las tierras medioatrateñas del recóndito Chocó, donde se estaba gestando -sin que ninguno de los presentes lo supiera- un capítulo imprescindible y trascendental de la historia sociojurídica y étnica de Colombia: el debate sobre la posibilidad de darle entidad jurídica y política a más de un siglo de tradición afroatrateña. Todo ello en momentos en los que aún faltaba un trecho para que se desencadenara el proceso que conduciría hasta una nueva Constitución Política de Colombia.

Encuentros

Además de las esperanzas que reverdecieron entre las comunidades negras por el proceso de convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente, dicho proceso fue de gran utilidad para que procesos locales y dispersos del Pacífico negro de Colombia establecieran lazos de intercambio, complementariedad, trabajo conjunto y mutuo aprendizaje. Los campesinos del Medio Atrato organizados en la ACIA conocieron entonces al PCN, de Buenaventura, con Carlos Rosero a la cabeza; JUNPRO, de Guapi, con Orlando Pantoja; y ACAPA, de Tumaco, con Ángel María Estacio, María Valeria Mina, Hernán Cortés y la Hermana Yolanda Cerón. E igualmente se fortalecerían los lazos con los procesos hermanos del Chocó: desde el San Juan, ACADESAN, con Lucho Granados a la cabeza; y desde el Baudó, ACABA, con la vocería de Rudecindo Castro Hinestroza, Esildo Pacheco, Idalmy Minotta Terán y Chonto Abigaíl Serna Arriaga, quien siempre aportaría puntos de vista valiosos sobre historia, etnoeducación y desarrollo propio de las comunidades negras.

Esta conjunción de voces, esfuerzos y procesos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño permitiría conformar una especie de masa crítica regional, necesaria para sostener el proceso y la lucha entre las comunidades, e indispensable para hacerle frente a las fuerzas adversas que estaban presentes no solamente en los partidos políticos tradicionales y en grupos de funcionarios de las entidades estatales, sino también en algunos sectores de izquierda y de la propia iglesia con escasa comprensión de la cuestión étnica y de la importancia del carácter colectivo e inalienable de la propiedad territorial.

Hoy, 30 años después de expedida la Ley 70 de 1993, que puso en la escena nacional a las comunidades negras como sujeto étnico y político, y que permitió que las 600.000 hectáreas mencionadas en el Acuerdo de Buchadó terminaran tituladas como propiedad colectiva a las comunidades de la ACIA; difícilmente se encuentran voces en contra de lo prescrito en la Ley 70 que se pronuncien con el mismo encono y el mismo ánimo de desprestigio con el que en aquella época lo hicieron desde algunos ámbitos académicos y políticos de Quibdó, a los cuales nos referiremos en la segunda parte de estos recuerdos.

[1] Ley 70 de 1993 (agosto 27) Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Diario Oficial N° 41.013, del 31 de agosto  de 1993.

[2] En todos los casos, la denominación Medio Atrato utilizada en este artículo hace referencia a la subregión o zona del Chocó enmarcada en la cuenca media del río Atrato. En ningún caso se utiliza como referencia al municipio que actualmente lleva ese nombre y que fue creado varios años después del proceso del que nos estamos ocupando y de la expedición de la Ley 70 de 1993.

[3] Villa, William. 1998. “Movimiento social de comunidades negras en el Pacífico colombiano. La construcción de una noción de territorio y región”. En: Geografía humana de Colombia. Tomo VI: Los afrocolombianos. Pp. 431-448. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Pág. 434.

[4] El Atrateño. Boletín de las comunidades campesinas del Medio Atrato. Fotocopia sin fecha ni pie de imprenta. Archivo personal.

[5] Ídem. Ibidem.

[6] Ídem. Ibidem.

[7] Amparo Emilia Escobar Gónima era su nombre completo.

[8] OIT. Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.  OIT. Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. ISBN 978-92-2-322581-0 (web pdf).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf (Consultado el 19.08.2023)

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lunes, 14 de agosto de 2023

 Cuando la historia hace su agosto
—Unas cuantas efemérides... 
"de la historia nuestra, caballero"—

Quibdó a principios de la década de 1930.
FOTOS: Misioneros Claretianos.

Pródigo es el mes de agosto en efemérides, hitos y aniversarios asociados a hechos de enorme trascendencia e insuperable valor en la historia del pueblo negro de Colombia, el Chocó y Quibdó. Hay por lo menos una docena de acontecimientos ocurridos en agosto que influyeron significativamente en el devenir histórico de la región y el país, transformando para siempre la concepción dominante de una nacionalidad homogénea y uniforme hacia la noción heterogénea de la diversidad étnica y el multiculturalismo como marcas de origen de la nacionalidad colombiana. Y transformando la idea de un Chocó baldío en el cual solamente había bosques y minas por explotar, hacia la noción de un Chocó poblado y habitado por gente inteligente y capaz, dispuesta a pensar y a trabajar por el progreso regional y nacional.

En agosto, conmemoramos los aniversarios de nacimiento de cuatro prohombres de la intelectualidad chocoana del siglo XX. 100 años del vuelo y acuatizaje del primer avión a través de los cielos y sobre las aguas del Chocó[1]. 88 años de la fundación de Bahía Solano y Ciudad Mutis como una colonia agrícola nacional, en el Pacífico chocoano[2]. 56 años de una protesta emblemática: la Huelga de Agua y Luz, en Quibdó[3]. 30 años de la expedición de la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras[4] y un par de aniversarios de un obispo católico que ese proceso apoyó; al igual que 46 años de uno de los principales antecedentes del proceso de reivindicación étnica de las comunidades negras de Colombia que condujo a la promulgación de dicha ley. 28 años de la circulación de la primera de 1258 ediciones impresas del semanario Chocó 7 días[5]. Y el primer año de la primera vez en la historia nacional en el que una mujer negra ejerce como Vicepresidenta de la República de Colombia[6]... Todo ello con el bello e inspirador telón de fondo del 60° aniversario de un epítome del movimiento afroamericano por los derechos civiles: I have a dream, el memorable discurso del Doctor Martin Luther King, Jr., pronunciado el 28 de agosto de 1963, ante más de un cuarto de millón de personas, en las escalinatas del Monumento a Lincoln, al culminar la Marcha a Washington por el Trabajo y la Libertad.[7]

Cuatro natalicios

En el mes de agosto, se conmemora el natalicio de un grupo de intelectuales de la región chocoana que, desde las ciencias sociales y humanas, la política, la literatura y el periodismo, ennoblecieron y engrandecieron a esta tierra y a la nación colombiana: Sergio Abadía Arango[8], Rogerio Velásquez Murillo[9], Primo Guerrero Córdoba[10] y Miguel A. Caicedo Mena[11].

Sergio Abadía Arango

FOTO:
Contraloría General
de la República, 1943.
A Sergio Abadía Arango (Istmina, 10 de agosto de 1895-Bogotá, 21 de febrero de 1973), quien como Contralor General de la República asumió la iniciativa y dirección de esta trascendental obra, se le debe la publicación en 1943 del Tomo VI de la Geografía Económica de Colombia, de la Contraloría General de la República, dedicado al Chocó; cuyas 700 páginas brindaron a Colombia una visión panorámica de la economía, la historia, la sociedad, la cultura y la ecología de la región chocoana, hace 80 años, cuando el conocimiento nacional sobre el Chocó no pasaba de una serie de ficciones, estereotipos y prejuicios asociados a imágenes dantescas de la selva, así como de un repertorio de lugares comunes acerca de lo que en la zona andina nombran como tierra caliente.

Abogado de la Universidad del Rosario, Sergio Abadía Arango fue Juez 1° del circuito provincial del San Juan, en Istmina, y Representante a la Cámara, órgano legislativo del cual fue presidente en 1940. Llevando la vocería de la dirigencia política de la Provincia del San Juan, que se hallaba descontenta por la concentración del poder administrativo de la Intendencia Nacional del Chocó en la Provincia del Atrato y especialmente en su capital Quibdó; Abadía Arango presentó un proyecto de ley para dividir en dos la Intendencia y convertir en sendas comisarías cada una de las dos provincias; de modo que -según el entender de los ilustres sanjuaneños inconformes- se equilibrara así el manejo del poder regional.

Sumado posteriormente a la lucha por el reconocimiento de categoría departamental al Chocó, Sergio Abadía Arango sería gobernador desde mayo de 1948 hasta mayo de 1949, en medio de los primeros brotes de crisis y violencia política originados en el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Don Rogerio

Rogerio Velásquez,
Bogotá, 1957.
Foto: cortesía
Corporación Cuenta Chocó.

Rogerio Velásquez Murillo (Sipí, 9 de agosto de 1908-Quibdó, 7 de enero de 1965) fue pionero de la etnología de comunidades negras en Colombia y es considerado como el primer antropólogo negro graduado en el país. Fue Representante suplente a la Cámara, Diputado a la Asamblea del Chocó, Director de Educación Pública del Chocó, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional de Tunja y de varios colegios del país, y Rector del más que centenario Colegio Carrasquilla de Quibdó, cargo que ocupaba cuando murió.

A lo largo de su trayectoria como investigador y autor, Don Rogerio cubrió -ampliamente y con detalles- temáticas históricas, culturales y etnográficas de importancia nacional sobre las comunidades negras, que sirvieron como pilares a los posteriores estudios de Aquiles Escalante y Nina S. de Friedemann; inaugurando así la vertiente negra de la naciente antropología colombiana. De ello dan cuenta sus múltiples publicaciones en varios libros y en prestigiosas revistas nacionales: "Rectificaciones al descubrimiento del Río San Juan", "La esclavitud en la María, de Jorge Isaacs", "El Folklore en la obra de Antonio José Restrepo", "La medicina popular en la costa colombiana del Pacífico", "Ritos de la muerte en la costa del Pacífico", "Instrumentos musicales de la costa del Pacífico”, "Vestidos de trabajo en el Alto y Bajo Chocó", "La fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó", "Leyendas y cuentos de la raza negra", "Adivinanzas del Alto y Bajo Chocó", "Cantares de los tres ríos", "Gentilicios africanos del Occidente de Colombia", "Apuntes socio-económicos del Atrato Medio" y la novela "Las Memorias del Odio".

Primo Guerrero Córdoba

FOTO: Archivo
fotográfico y fílmico 
del Chocó.

En septiembre de 1954, con Gabriel García Márquez como reportero y Guillermo Sánchez como fotógrafo -enviados especiales de El Espectador desde Bogotá- y el corresponsal de este diario, Primo Guerrero Córdoba, como guía, apoyo y promotor de las protestas; el intenso movimiento ciudadano en contra de la tentativa de supresión del Chocó y su repartición entre vecinos limítrofes, sumado a las gestiones adelantadas en Bogotá por chocoanos ya reconocidos en la escena política e intelectual nacional, dio al traste con la intentona del régimen militar de Rojas Pinilla de eliminar al departamento del Chocó del mapa político y administrativo de Colombia para repartir su territorio entre sus tres avariciosos vecinos: Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca. Júbilo en las calles y en el Parque del Centenario de la Independencia, en Quibdó. El disparate había sido contenido. El “corresponsal veterano” -como lo llamó Gabo- le había ganado la partida al régimen militar y a sus más enconados detractores, que habían recurrido hasta el encarcelamiento para silenciar su voz.

Antes de su salto a la escena nacional por su relevancia en aquel intenso movimiento social, Primo Guerrero Córdoba ya era ampliamente reconocido en la escena local y regional de Quibdó y el Chocó, por su significativa influencia en cuanta materia sustancial fuera útil al empeño del desarrollo del departamento, como la educación, el trabajo y la autonomía política. Formó parte de la nómina de profesores del histórico Colegio Carrasquilla, en donde se formaban, año tras año, las nuevas generaciones que construyeron una voz propia de la chocoanidad desde la década de 1930 y durante un poco más de 30 años. Igualmente, la claridad de los planteamientos hechos por Guerrero al gobierno de la Revolución en marcha, de López Pumarejo, influyó en la decisión de agilizar la construcción de la Normal de Varones de Quibdó y de un sinnúmero de escuelas y colegios públicos, mediante los cuales se ampliarían las garantías del derecho del pueblo chocoano a la educación; siendo Adán Arriaga Andrade como Intendente Nacional del Chocó y Vicente Barrios Ferrer su director de Educación Pública, quienes, en marzo de 1934, expidieron el decreto intendencial que dio comienzo a la nivelación social y racial del acceso a la educación pública en el Chocó.

A Primo Guerrero Córdoba, consagrado estudioso y lector de política y literatura, se le atribuye la introducción de las ideas comunistas y socialistas en el liberalismo regional del Chocó, incluyendo el hecho de promover la adscripción de Diego Luis Córdoba al ala socialista del partido y su influencia permanente como mentor de Córdoba en este campo del ejercicio político. De hecho, se llegó a decir que, si Tomás de Aquino Moreno era la mano derecha de Diego Luis Córdoba en la conducción del movimiento de Acción Democrática, Primo Guerrero era su mano izquierda.

Nacido en Quibdó el 21 de agosto de 1911 y fallecido en Bogotá el 16 de agosto de 1984, Primo Guerrero Córdoba fue uno de los más esclarecidos intelectuales del Chocó del medio siglo XX. Y en cada agosto, siempre, habremos de honrarlo en nuestra memoria.

El Poeta de la Chocoanidad

Archivo El Guarengue.

El educador, escritor y poeta chocoano Miguel Antonio Caicedo Mena (La Troje, 30 de agosto de 1919-Quibdó, 4 de abril de 1995) publicó más de 30 libros de diversos géneros y contenidos: poesía romántica, narraciones de ficción (cuentos y novelas), textos y estudios sobre historia, tradiciones, personajes y cultura del Chocó. Igualmente escribió y publicó un centenar de poesías costumbristas -gran parte de ellas grabadas en su propia voz en Radio Universidad del Chocó-, a través de las cuales, valiéndose del habla de los campesinos chocoanos, de su hiperbólico lenguaje y de sus rasgos de humor, narró para la posteridad instantes y vivencias de la vida cotidiana de la región, costumbres, problemáticas y características culturales; con tal riqueza y de tal modo que dichos poemas son, sin duda alguna, parte de la memoria oral de la chocoanidad, textos culturales a través de los cuales Colombia ha podido conocer rasgos de la identidad de esta región. Así lo reconoció el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, precedente del actual Ministerio, en el Homenaje Nacional a su vida y obra como símbolo y presencia de la cultura negra en el país, que se llevó a cabo en el Parque Centenario de Quibdó, el 26 de agosto de 1989, a cuatro días de que Don Miguel cumpliera 70 años.

De origen humilde, Don Miguel fue protagonista de primer orden en el proceso de organización, cualificación y proyección de la educación pública en la Intendencia y en el Departamento del Chocó, primero como estudiante y después como maestro, educador, profesor, docente. Como estudiante, Miguel A. Caicedo formó parte del primer grupo de jóvenes negros y de escasos recursos que -en el marco de políticas incluyentes de la Intendencia del Chocó, lideradas por Adán Arriaga Andrade y Vicente Barrios Ferrer- ingresaron en los años 30 por primera vez al Colegio Carrasquilla, de Quibdó, superaron el quinto grado de secundaria y finalizaron su bachillerato en el Liceo Antioqueño, en Medellín, también con apoyo gubernamental. Allá en Medellín, Caicedo se graduó con honores como Licenciado en Filología y Lenguas Clásicas y Modernas, en la Universidad de Antioquia.

Toda una vida dedicada a la literatura, a la cultura y a la educación, encontraría luminoso culmen en su vinculación -como miembro activo del grupo de fundadores- a la creación de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, donde trabajó como profesor y funcionario, y cuya biblioteca -enhorabuena- lleva su nombre.

100 años del primer hidroavión

Aerobar y publicidad de la empresa SCADTA en el periódico ABC de Quibdó. FOTOS: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó.

Tres años y medio después del primer vuelo de un avión en Colombia (febrero de 1920), el domingo 5 de agosto de 1923, un hidroavión Junkers F13 de propiedad de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, fue el primero en surcar los cielos chocoanos y posarse sobre las aguas del Atrato, en el puerto fluvial de Quibdó, luego de más de cinco horas de vuelo desde Barranquilla e incluyendo sobrevuelos por Istmina, Condoto y Opogodó[12]. Era un vuelo exploratorio que, junto a otros posteriores, permitió estandarizar rutas de viaje seguras entre estas cuatro poblaciones del Chocó y las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Cartago; de modo que a finales de ese año Quibdó empezó a contar de modo regular con servicio de transporte aéreo de pasajeros hacia el interior del país y con servicios de correo, giros y pagos. Esta novedad contribuyó a facilitar las actividades comerciales de todo orden que se llevaban a cabo en la región, así como el manejo y administración de los procesos intensivos de extracción minera y maderera, que incluían maderas finas, tagua, caucho, pieles, oro y platino. Igualmente, los nuevos servicios facilitaron la presencia continua y el establecimiento en la ciudad de inmigrantes sirio-libaneses (turcos), norteamericanos y europeos, del Gran Caribe y del Caribe Colombiano, vallecaucanos y posteriormente antioqueños; al igual que el contacto permanente de la ciudad y la región con el país geográfico y político.[13]

Ciudad Mutis

Foto: Sebastián Valoyes.
Archivo El Guarengue.

“La fundación de este puerto y su colonia se iniciaron en selva virgen, el 7 de agosto de 1935”[14], anota el Director de la Colonia Agrícola de Bahía Solano, Carlos Villegas Echeverry, en el informe que presenta al Ministerio de Agricultura y Comercio de Colombia, el 28 de mayo de 1937; dos años después de que el Gobierno Nacional dispusiera establecer la Colonia Agrícola de Bahía Solano, mediante el Decreto 925 del 22 de mayo de 1935, firmado por el Presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, Benito Hernández Bustos como Ministro de Industrias y Trabajo, y el entonces Ministro de Educación Nacional, Luis López de Mesa. El artículo 15 del decreto ordena fundar una población en la ensenada de Jeya y el artículo 16 ordena llamarla Ciudad Mutis[15].

El carácter nacional de la Colonia Agrícola de Bahía Solano se mantuvo hasta el año 1943, cuando el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, mediante el Decreto 963 del 18 de mayo, firmado por el presidente y por el ministro de Economía Nacional, Santiago Rivas Camacho, decidió reorganizar su administración y régimen, mediante el traslado de responsabilidades administrativas de todo orden a la Intendencia Nacional del Chocó. En noviembre de 1947, la Intendencia es convertida en Departamento y 15 años después, mediante la Ordenanza Nº 8 del 19 de noviembre de 1962, de la Asamblea Departamental del Chocó, es creado el Municipio de Bahía Solano, que de Colonia había pasado a ser corregimiento del Municipio de Nuquí, del cual es segregado para que asuma su nueva condición municipal.

Como un sueño que se arrulla con cantos de yubartas y con una calidez suficiente para que estas ballenas –que hablan entre ellas como si fueran gente– viajen cada año miles de kilómetros para llegar hasta aquí a dar a luz a sus descendientes, ahí sigue la bahía de Solano y la antigua colonia, Ciudad Mutis -de cuya fundación, como estrategia de colonización del Pacífico colombiano y chocoano, para afirmar la soberanía ante los vecinos separados de Panamá e integrar la riqueza de sus recursos naturales a la economía nacional- se cumplieron 88 años el pasado 7 de agosto.[16]

Los 100 años del primer vuelo de la aviación comercial al Chocó y los 88 años de la fundación de la Colonia Agrícola de Bahía Solano son dos acontecimientos que transformaron la economía regional y la territorialidad del Chocó, al igual que marcaron nuevos rumbos en la relación institucional y económica de la región con Colombia, en la primera mitad del siglo XX.

La Huelga

Años después del acuatizaje del primer hidroavión, cuando ya los aviones aterrizaban en el aeropuerto El Caraño, se llevó a cabo en Quibdó la Huelga de Agua y Luz[17], el 22 de agosto de 1967, la cual marcó un hito en la historia de la protesta social de la segunda mitad del siglo XX en el Chocó. Habían transcurrido 10 meses del pavoroso incendio que el 26 de octubre de 1966 consumió casi íntegra la zona céntrica, comercial, residencial y oficial de Quibdó. Aún podían mirarse las ruinas y todavía había quienes escarbaban y lavaban en sus bateas la tierra agostada por aquel fuego casi imparable que ardió toda una noche y a la siguiente todavía humeaba. A nadie le cabía en la cabeza que, en una ciudad medio arruinada, capital de un departamento al que siempre le prometían de todo, no solamente hubieran sucumbido las esperanzas entre las llamas del incendio, sino que además no existieran servicios tan elementales como el de acueducto y luz eléctrica.

Después de 3 muertos, 7 heridos y 33 detenidos (13 de ellos menores de edad, es decir, menores de 21 años en aquel entonces) oficialmente registrados como efecto de aquella protesta abanderada por estudiantes y apoyada por algunos comerciantes; se necesitaron por lo menos cinco paros cívicos adicionales para que en Quibdó los niños dejaran de estudiar y leer con la luz de una vela; para que, en tiempos anteriores a la telefonía móvil, no fuera un lujo disponer de un teléfono en la casa o poder hacer una llamada de larga distancia desde Telecom; para que los estudiantes no tuvieran que hacinarse o amontonarse uno encima del otro en los salones del antiguo colegio de La Presentación, por falta de un campus universitario para la Universidad Tecnológica del Chocó; para que el tránsito entre el Atrato y el San Juan no dependiera de un vetusto ferry que, en la población de Yuto, trasladaba los carros de un lado a otro del río, cuyas crecientes cada tanto impedían el transbordo.

El Ekobio mayor

Manuel Zapata Olivella.
Centro Virtual Isaacs.
Archivo El Guarengue

A fines de agosto, igualmente, estaremos conmemorando casi medio siglo de la celebración de uno de los acontecimientos fundacionales del movimiento social afrocolombiano durante el último cuarto del siglo XX: el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, realizado en Cali, del 24 al 28 de agosto de 1977. Ideado, promovido y organizado por el Ekobio[18] mayor, Manuel Zapata Olivella, y su Centro de Estudios Afro-Colombianos, el congreso fue concebido como un escenario para “unificar las ideas y planteamientos sobre el origen, desarrollo y proyección de las culturas africanas en las Américas”, y como proceso “imprescindible” para que “la población negra, mulata y zamba de las Américas reclamara su identidad dentro de los contextos culturales americanos”[19].

Una ley histórica y un obispo comprometido

Portada de la edición especial de la Revista Por la Vida dedicada a la Ley 70 de 1993. Obispo Jorge Iván Castaño Rubio y su escudo episcopal. Fotos: Archivo El Guarengue.

Dieciséis años después del concurrido y memorable congreso de Cali, en un acto público celebrado en Quibdó el 27 de agosto de 1993, el entonces Presidente de la República de Colombia, César Gaviria Trujillo, sancionó, para su entrada en vigencia, la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras, cuya expedición había sido ordenada por el Artículo 55 Transitorio de la recientemente promulgada (julio de 1991) Constitución Política de Colombia.

Nacida en las entrañas de la selva, en las orillas de los ríos del Chocó y en las mares del Pacífico colombiano, la Ley 70 de 1993 cambió para siempre el panorama jurídico y político del reconocimiento, la garantía y el ejercicio de los derechos étnicos de las comunidades afrocolombianas, y constituye el mayor hito socio-jurídico en materia étnica durante por lo menos siglo y medio de la historia de Colombia.

Asociadas a los 30 años de la expedición de esta ley, se hallan dos conmemoraciones del obispo católico Jorge Iván Castaño Rubio, quien estuvo al frente de la jurisdicción eclesiástica de Quibdó durante 17 años (primero como vicario apostólico y después como obispo diocesano) y quien mucho tuvo que ver con el proceso que condujo a la expedición la ley 70 de 1993. El obispo Jorge Iván recibió su ordenación sacerdotal el 27 de agosto de 1961 y su consagración episcopal hace 40 años, el 6 de agosto de 1983.

El Chocó cada 7 días

Primera y última edición impresa de Chocó 7 días, y su última oficina en Quibdó. FOTOS: cortesía Chocó 7 días (1-2) y Julio César U. H. (3). 

También en este agosto de 2023, se cumplen veintiocho años de la circulación de la primera edición impresa del semanario Chocó 7 días, que fue voceado por vez primera en las calles de Quibdó el 7 de agosto de 1995. Fundado por Donaldo Antonio Cañadas Moreno, quien lo dirigió durante varios años, e Iván Cañadas Garrido, quien fue editor y director; Chocó 7 días publicó 1258 ediciones impresas, la última de las cuales correspondió a la semana del 20 al 26 de marzo de 2020, cuando comenzaba la pandemia de Covid-19, de la cual alcanzó a informar en su primera página. A partir de ahí, Chocó 7 días desapareció como impreso y en la actualidad circula únicamente en versión digital, bajo la coordinación de Jorge Salgado.

En el transcurso de sus 25 años de existencia como impreso, Chocó 7 días llegó a ser parte de la vida cotidiana de los quibdoseños. Como el pan caliente de las tardes, el pescado y el plátano de las mañanas o los limones y los lulos del mediodía, todos los viernes en las mañanas, por calles y barrios de Quibdó, Chocó 7 días era esperado con sus noticias, sus columnas de opinión, sus secciones históricas y culturales. Los editoriales de Donaldo Cañadas, la Columna de Mena Mena, Qué sabe usted del Chocó y El Chocó de ayer, marcaron una época entre los lectores de este semanario, de cuyo consejo editorial participaron en los primeros años chocoanos raizales como José Heliodoro Conto Alvarez, Carlos William Cuesta, Alfredo Cújar Garcés, Luis Eduardo Garcés Ferrer, Ely Gómez Ortega, Fausto Moreno Domínguez y Juancho Velasco Mosquera.

Francia

Foto: Twitter
@FranciaMarquezM

Finalmente, es de anotar con beneplácito que acabamos de celebrar el primer año de la primera vez en la historia nacional en el que una mujer negra -Francia Elena Márquez Mina- ejerce como Vicepresidenta de la República de Colombia. “No tengo la menor duda de que estamos en un momento histórico para la nación y, más vale, para la salud del país, que algunos empiecen a aceptar como la cosa más natural —así como han naturalizado el odio, el clasismo y el racismo— que una mujer negra, de orígenes rurales, de escasos recursos económicos, luchadora y de izquierda, puede ser la vicepresidenta de Colombia”, escribió el historiador Javier Ortiz Cassiani en marzo de este año[20].

Esta efeméride no es asunto de poca monta, pues la significativa presencia étnica, cultural, territorial, de género y de clase que encarna Francia Márquez irrumpe en un escenario de poder por primera vez en dos siglos de vida republicana de Colombia. Como lo expresó la escritora Carolina Sanín, en abril del año pasado, “…es posiblemente lo más emocionante que ha pasado, no en los últimos años de la política nacional, ni en las últimas décadas, sino en los últimos dos siglos de la política nacional”[21].

Colofón

Así las cosas, como lo hemos visto en este recorrido a través de una serie de hitos, aniversarios y efemérides que se celebran en este mes y que son parte del devenir del pueblo afrochocoano, afropacífico y afrocolombiano a lo largo del siglo XX; es como si la historia hubiera hecho su agosto para llenar de significados profundos nuestra memoria colectiva como región y como nación, y para recordarnos de paso que las conmemoraciones alimentan la conciencia histórica y la identidad, y por eso tienen mucho más que ver con la trascendencia de la solemnidad y los significados que con la vanidad del protocolo y las obligaciones.


[5] Ver en El Guarengue: Efemérides

[6] Ver en El Guarengue: Francia Elena

[7] Ver en El Guarengue: I have a dream

[10] Ver en El Guarengue: Dos periodistas ejemplares

[12] Díaz Cañadas, Gonzalo. HISTORIA DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE QUIBDÓ. En: https://volavi.co/aviacion/aeropuertos-colombianos/historia-aeropuerto-el-carano-quibdo-choco

[13] Sobre la historia de la aviación en el Chocó, se puede leer en El Guarengue “Tiquetes por las nubes. 100 años de aviación comercial en el Chocó”: https://miguarengue.blogspot.com/2022/01/tiquetes-porlas-nubes-100-anos-de.html

[14] Díaz Rodríguez, Justo. INFORME DEL JEFE DE LA SECCION DE COLONIZACIÓN. Julio 1936-julio 1937. Bogotá, julio 15 de 1937. En: Memoria del Ministerio de Agricultura y Comercio, 1937.

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6120/2/0017-3.pdf  

[15] Decreto 925 de 1935 (mayo 22). Por el cual se establece una Colonia Agrícola, y se dictan varias disposiciones sobre funcionamiento de la misma. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1191198

[16] Sobre la fundación de Bahía Solano, se pueden leer dos crónicas de El Guarengue: “La Colonia Agrícola de Bahía Solano” (https://miguarengue.blogspot.com/2020/08/lacolonia-agricola-de-bahia-solano.html) y “La Colonia Agrícola de Bahía Solano (2ª Parte)” (https://miguarengue.blogspot.com/2020/08/la-colonia-agricola-de-bahia-solano-2.html)

[17] Aunque actualmente hay quienes acostumbran llamar “paro cívico” a este movimiento de protesta, la denominación que sus organizadores le dieron y con la cual pasó a la memoria de quienes lo vivieron y a la historia de las protestas locales y regionales del Chocó es La Huelga o La Huelga de Agua y Luz.

[18] Ekobio es la palabra que la sociedad Abakuá, de Cuba, usa para referirse como hermanos o compañeros a los integrantes de su comunidad. Manuel Zapata Olivella la convirtió en expresión de despedida de todas sus cartas: antes de su firma, escribía Ekobio; tiempo después de que en su emblemática novela Changó, el gran putas la empleara para referirse a las personas negras sin nombrarlas como tales. En el Diccionario de Americanismos, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Ecobio significa: Amigo íntimo o de confianza.

[19] Motivación del Congreso. En: OpenEdition Journals.  https://journals.openedition.org/slaveries/5485

[20] Francia Márquez y los impensables históricos. Javier Ortiz Cassiani. El Espectador, 31 de marzo de 2022. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/javier-ortiz/francia-marquez-y-los-impensables-historicos/

[21] Carolina Sanín. Francia Márquez y la posibilidad de un discurso político con significado. Revista CAMBIO, 2 de abril 2022.

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