El Comité de Salvación Pública del Chocó
y el Paro Cívico de 1965
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| ★Servando Ferrer García, corresponsal del diario El Tiempo en Quibdó, dejó para la historia un detallado reportaje sobre los hechos que condujeron a la renuncia del Gobernador del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra (Foto: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó) y a la realización del Paro Cívico regional de 1965. Recortes El Tiempo: Collage El Guarengue. |
En vísperas de
la Navidad del año 1965, diez meses antes del incendio que devastaría la ciudad
y cambiaría para siempre la historia local y regional, se constituyó en
Quibdó el Comité de Salvación Pública del Chocó, que convocó al pueblo chocoano
a un paro cívico a partir del jueves 16 de diciembre a las 12 y un minuto del
día.
Este comité fue
una respuesta colectiva, espontánea e inmediata frente al conflicto regional por
la soberanía nacional y los derechos de la gente, suscitado entre —por un lado—
la población de Bebedó, la alcaldía de Istmina, la gobernación del Chocó, y
—por otro— el inveterado poder de
la compañía minera gringa Chocó Pacífico, un artificio corporativo a través del
cual se adelantaron durante más de la mitad del siglo XX todos los desmanes
habidos y por haber en materia ambiental, social, económica, cultural y racial
contra la población chocoana; al amparo de todo tipo de artilugios jurídicos y arbitrariedades,
en el marco de ventajosas concesiones y luengos permisos de explotación de
metales preciosos en la antigua Provincia del San Juan, en los ríos San Juan,
Condoto, Opogodó, y en el área de Lloró y La Vuelta, en el Alto Atrato y el Andágueda.
En noviembre de
1965, una draga de la compañía minera Chocó Pacífico, que adelantaba trabajos
en inmediaciones de la población de Bebedó —en ese entonces corregimiento del
Municipio de Istmina—, ocasionó daños irreparables en suelos y bosques, destruyó
cultivos de intercambio y pancoger de propiedad de campesinos de esta localidad
y sus alrededores, además de provocar deslizamientos masivos de tierras y
avenidas torrenciales de ríos y quebradas, preludio y amenaza de daños aún
mayores. En cumplimiento de sus atribuciones legales, las autoridades se
apersonaron de la situación y, luego de diligente análisis in situ, con base en
la legislación vigente, tasaron los perjuicios que la empresa minera debía
pagar a los pobladores damnificados en la suma de cuatrocientos mil
pesos de la época ($400.000), equivalentes aproximadamente a un poco más de
quinientos millones actuales. Prevalida de su poder y acostumbrada a alegar
siempre todas las formalidades posibles, a través de su numeroso y siempre obsecuente equipo
de abogados, la compañía minera se negó a pagar. Por lo cual, el Alcalde de
Istmina ordenó la suspensión de las operaciones de la draga identificada con el
número seis en el registro de maquinarias de la empresa extranjera.
Los ministerios
de Minas y de Gobierno intervinieron en la situación y enviaron desde Bogotá
sendas comisiones oficiales; las cuales, al final de sus trabajos, concluyeron —como
lo informó detalladamente el periódico El Tiempo, en un reportaje de Servando
Ferrer García, su corresponsal en Quibdó— que el daño aún no era
grave y que se podrían prevenir los perjuicios sobrevinientes mediante la
ejecución de obras de defensa a lo largo de aquellas orillas y aquellos montes
chocoanos tan lejos de Dios y tan cerca de la angurria de las empresas mineras
multinacionales y de sus serviles socios nacionales… “Con base en estos
informes, el Ministerio de Gobierno autorizó a la compañía a continuar sus
labores, es decir, que permitió la movilización de la draga, que permanecía
inactiva por orden del alcalde de Istmina. Esta determinación del gobierno
nacional provocó un movimiento encabezado por un grupo de ciudadanos de ese
departamento, que se constituyeron en el comité denominado de “Salvación
pública del Chocó”. A su vez, el gobernador encargado del Chocó, Eladio Enrique
Martínez, se solidarizó con el alcalde y con la citada junta cívica y presentó
renuncia ante el gobierno central”; aduciendo entre otras cosas que lo decidido
por el gobierno nacional se trataba de un “hecho que supedita a intereses
particulares extranjeros los inalienables intereses de la comunidad chocoana”;
por lo cual, concluye: “Mi dignidad de chocoano y apasionado amante de esta
tierra me impone el deber de renunciar a la Gobernación del Chocó, que ejerzo
en calidad de encargado, para dejarle la libertad de escoger su representante
seccional”.
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| El abogado, intelectual y dirigente político Ramón Lozano Garcés renunció a su candidatura al Senado por el Partido Liberal, el 11 de diciembre de 1965, por los mismos motivos que el entonces Gobernador del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra. Su carta de renuncia, dirigida a Carlos Lleras Retrepo, entonces dirigente y candidato liberal a la presidencia, fue publicada bajo el título de "La Constitución pisoteada". FOTOS: Facebook-Ramón Lozano Garcés "Centenario". |
En el Comité
por la Defensa Pública del Chocó participaba el prestigioso abogado y líder
político Ramón Lozano Garcés, apoderado del Municipio de Istmina en la causa de
Bebedó; quien había sido nombrado miembro de honor, en homenaje a su
trayectoria de recia batalla jurídica contra las empresas extranjeras y en
defensa de los intereses regionales y nacionales y de la soberanía del país.
Adicionalmente y para mayor mérito, Lozano Garcés acababa de renunciar a su candidatura al
senado por el Partido Liberal, mediante una carta dirigida a Carlos Lleras Restrepo, dirigente y candidato liberal a la presidencia, que fue publicada bajo el título de “La Constitución
pisoteada”; y en la cual, refiriéndose al motivo de su renuncia, que no era otro
que la decisión nacional de apoyar a la empresa minera, en detrimento de los intereses
del municipio de Istmina, afirmó: “Yo no seré notario, ni testigo indiferente
de esta protocolización melancólica de la indignidad nacional, de esta agonía
del régimen de derecho...”.
Completaban el comité
sus dos principales promotores, Joaquín Rodríguez Asprilla y Guido Perea
Mosquera, así como Jaime Sarria Misas, Aurelio Rivas Mosquera, Manuel Barcha
Garcés, Aurelio Mosquera Perea, Francisco Cuesta Velásquez, Reinaldo Perea,
Francisco Baldrich, Adán González, Luis Moreno, Adela Maturana de Casas, Imelda
Velasco Mosquera, Emma Jiménez v. de Valencia, Amira López de López y Hernán
García.
El 14 de
diciembre de 1965, el Comité por la Defensa Pública del Chocó llamó al pueblo
chocoano a un paro indefinido en reclamo de respeto hacia las autoridades
locales y regionales, y en exigencia del cumplimiento,
por parte de la empresa minera, de la sanción impuesta por dichas autoridades.
“El
Comité de salvación pública del Chocó, teniendo en cuenta:
Que
en el día de hoy se cumplió la orden inconstitucional e ilegal del ministro de
Gobierno a las fuerzas de policía del Chocó que violan el Statu Quo en el
dragado de Bebedó.
Que
el gobernador del Chocó en vista del proceder abusivo del gobierno nacional ha
presentado renuncia de su cargo.
Que
los actos anotados colocan al pueblo del Chocó en situación de inferioridad en
relación con los otros pueblos de Colombia y por lo mismo quedamos los
chocoanos en el caso de legítima defensa frente a un ataque aleve a derechos
que nos garantizan las leyes del país, cuya juridicidad ha quedado herida de
muerte, resuelve:
Decretar
un paro cívico que debe empezar el día jueves 16 de los corrientes a las 12 y
un minuto del día en las poblaciones de Quibdó, Istmina, Andagoya, Condoto,
Nóvita y el resto del territorio chocoano.
Autorízase
a la mesa directiva para determinar el modus operandi en el paro cívico que se
decreta.
El
paro cívico solo podrá levantarse cuando lo determine este comité.
Tres días
después de este comunicado, y atendiendo su propia resolución, el comité
determinó el modus operandi del paro. Desde la Gobernación del Chocó, con pleno
apoyo del saliente gobernador Martínez Chaverra, un agrónomo nacido en Beté con
una larga trayectoria en la función pública, el Comité
expidió el siguiente comunicado.
Boletín Informativo
En
el despacho de la Gobernación a las doce del día de hoy se llegó al siguiente
Acuerdo Patriótico entre el Gobernador del Departamento, el Comandante de la
Policía Nacional, la Cámara Junior y el Comité de Salvación Pública del Chocó.
Primero:
La policía seguirá prestando servicio normal de vigilancia tal como lo hizo en
el día de ayer y continuará acuartelada.
Segundo:
El comercio mediante acuerdo con sus miembros colaborará al éxito del paro
trabajando medio día y cerrando medio día.
Tercero:
Los empleados públicos podrán trabajar medio día y quedarán libres el otro
medio día para sumarse al Paro.
Cuarto:
Habrá libertad absoluta para transporte terrestre y fluvial.
Quinto:
El paro cívico deberá continuarse tal como se inició, en forma pacífica,
ordenada y completa, bajo la responsabilidad de los dirigentes, para evitar
atropellos y desmanes a las personas y a los bienes.
Queda
en esta forma garantizado el éxito del Paro Cívico en todo el territorio
chocoano y se espera por lo tanto la colaboración entusiasta y permanente de
todos los chocoanos y de quienes no siendo chocoanos se sientan vinculados a esta
causa.
Quibdó,
diciembre 17 de 1965
Comité
de Salvación Pública del Chocó, Cámara Junior, Jefe de Organización y
Propaganda.
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| El 17 de diciembre de 1965, el denominado Comité de Salvación Pública del Chocó comunicó a la sociedad chocoana el "modus operandi" del paro, con pleno respaldo de la Gobernación. A la derecha, el Gobernador del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra, acompañado de Teresa Martínez de Varela, Nicanor Mena Perea, Manuel Barcha Garcés, Antonio de J. Murillo y demás secretarios de despacho de su equipo de gobierno, en un desfile público (octubre 1965), con participación de estudiantes del Colegio Carrasquilla y del Instituto Pedagógico Femenino. FOTOS: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó. |
Curtido en
luchas cívicas como camino para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en
la obtención de mínimos vitales de respeto a su dignidad, por parte del Estado colombiano
y la sociedad nacional; el pueblo chocoano había salido a las calles una década
antes de aquel paro cívico —en septiembre de 1954—, para impedir que a
solamente siete años de su creación como departamento su territorio fuera indecorosamente
repartido entre sus ambiciosos vecinos, encabezados, cómo no, por la voraz Antioquia.
Dos años después —en agosto de 1967— protagonizaría la Huelga de agua y luz,
para reclamar el cumplimiento de los planes de reconstrucción de Quibdó después
del pavoroso incendio que la había destruido el 26 de octubre de 1966. Y veinte
años después, en mayo de 1987, en una gesta histórica que empezó a poner la
región a tono con la actualidad, un nuevo paro cívico daría comienzo a una
nueva época de reivindicaciones, que aún no termina. De hecho, el actual Comité Cívico
por la Salvación y la Dignidad del Chocó, en comunicado del pasado 24 de enero,
informó que “ante la decisión del Gobierno Nacional de cambiar la destinación
de recursos que estaban previstos para financiar algunas vías del Chocó, y
otros proyectos estratégicos para la región; al igual que el incumplimiento a
los acuerdos firmados en el 2016, ha determinado reactivar el PARO CÍVICO
departamental, suspendido en el 2017”.
En curso de esa
decisión los voceros del comité y gobernantes de la región han acordado el
establecimiento de una mesa de diálogo con el gobierno nacional: “El
Viceministro para el Dialogo Social y los Derechos Humanos y la Vicepresidencia
de la República en articulación con la gobernadora del Chocó, la alcaldesa de
Atrato y voceros del Comité Cívico por
la Salvación y Dignidad del Chocó, sostuvieron un dialogo los días 27 y 28 de
enero, frente a los seguimientos de los acuerdos del Paro Cívico, con el
objetivo de trazar una ruta para el cumplimiento de los compromisos. Se acordó
que para seguir avanzando es fundamental llevar a cabo la mesa de diálogo en el
territorio chocoano las próximas semanas, con participación de funcionarios del
más alto nivel del gobierno nacional”.
“De no
encontrar eco a nuestras solicitudes, continuaremos, con todo rigor, las
acciones de movilización convocadas a partir del día 12 de febrero del año en
curso, a las cuales estamos invitando a todas las fuerzas vivas de la
chocoanidad”; advierte finalmente el Comunicado para la
Comunidad Chocoana, del 24 de enero de 2026, expedido por el Comité Cívico
por la Salvación y la Dignidad del Chocó.
Hoy, como ayer,
seguramente habrá que gritar en las calles que el pueblo no se rinde, carajo, o
que ni por el más ni por el menos, ni por el putas retrocedemos; pues la
institucionalidad colombiana, así se deshaga en promesas en cada coyuntura
electoral, ha demostrado en la práctica que al Chocó solamente lo oye cuando, organizado, protesta masivamente en las calles y en las plazas.