El Comité de Salvación Pública del Chocó
y el Paro Cívico de 1965
Este comité fue una respuesta colectiva, espontánea e inmediata frente al conflicto regional por la soberanía nacional y los derechos de la gente, suscitado entre —por un lado— la población de Bebedó, la alcaldía de Istmina, la gobernación del Chocó, y —por otro— el inveterado poder de la compañía minera gringa Chocó Pacífico, un artificio corporativo a través del cual se adelantaron durante más de la mitad del siglo XX todos los desmanes habidos y por haber en materia ambiental, social, económica, cultural y racial contra la población chocoana; al amparo de todo tipo de artilugios jurídicos y arbitrariedades, en el marco de ventajosas concesiones y luengos permisos de explotación de metales preciosos en la antigua Provincia del San Juan, en los ríos San Juan, Condoto, Opogodó, y en el área de Lloró y La Vuelta, en el Alto Atrato y el Andágueda.
En noviembre de 1965, una draga de la compañía minera Chocó Pacífico, que adelantaba trabajos en inmediaciones de la población de Bebedó —en ese entonces corregimiento del Municipio de Istmina—, ocasionó daños irreparables en suelos y bosques, destruyó cultivos de intercambio y pancoger de propiedad de campesinos de esta localidad y sus alrededores, además de provocar deslizamientos masivos de tierras y avenidas torrenciales de ríos y quebradas, preludio y amenaza de daños aún mayores. En cumplimiento de sus atribuciones legales, las autoridades se apersonaron de la situación y, luego de diligente análisis in situ, con base en la legislación vigente, tasaron los perjuicios que la empresa minera debía pagar a los pobladores damnificados en la suma de cuatrocientos mil pesos de la época ($400.000), equivalentes aproximadamente a un poco más de quinientos millones actuales. Prevalida de su poder y acostumbrada a alegar siempre todas las formalidades posibles, a través de su numeroso y siempre obsecuente equipo de abogados, la compañía minera se negó a pagar. Por lo cual, el Alcalde de Istmina ordenó la suspensión de las operaciones de la draga identificada con el número seis en el registro de maquinarias de la empresa extranjera.
Los ministerios de Minas y de Gobierno intervinieron en la situación y enviaron desde Bogotá sendas comisiones oficiales; las cuales, al final de sus trabajos, concluyeron —como lo informó detalladamente el periódico El Tiempo, en un reportaje de Servando Ferrer García, su corresponsal en Quibdó—[1] que el daño aún no era grave y que se podrían prevenir los perjuicios sobrevinientes mediante la ejecución de obras de defensa a lo largo de aquellas orillas y aquellos montes chocoanos tan lejos de Dios y tan cerca de la angurria de las empresas mineras multinacionales y de sus serviles socios nacionales… “Con base en estos informes, el Ministerio de Gobierno autorizó a la compañía a continuar sus labores, es decir, que permitió la movilización de la draga, que permanecía inactiva por orden del alcalde de Istmina. Esta determinación del gobierno nacional provocó un movimiento encabezado por un grupo de ciudadanos de ese departamento, que se constituyeron en el comité denominado de “Salvación pública del Chocó”. A su vez, el gobernador encargado del Chocó, Eladio Enrique Martínez, se solidarizó con el alcalde y con la citada junta cívica y presentó renuncia ante el gobierno central”; aduciendo entre otras cosas que lo decidido por el gobierno nacional se trataba de un “hecho que supedita a intereses particulares extranjeros los inalienables intereses de la comunidad chocoana”; por lo cual, concluye: “Mi dignidad de chocoano y apasionado amante de esta tierra me impone el deber de renunciar a la Gobernación del Chocó, que ejerzo en calidad de encargado, para dejarle la libertad de escoger su representante seccional”.[2]
Completaban el comité sus dos principales promotores, Joaquín Rodríguez Asprilla y Guido Perea Mosquera, así como Jaime Sarria Misas, Aurelio Rivas Mosquera, Manuel Barcha Garcés, Aurelio Mosquera Perea, Francisco Cuesta Velásquez, Reinaldo Perea, Francisco Baldrich, Adán González, Luis Moreno, Adela Maturana de Casas, Imelda Velasco Mosquera, Emma Jiménez v. de Valencia, Amira López de López y Hernán García.[4]
El 14 de diciembre de 1965, el Comité por la Defensa Pública del Chocó llamó al pueblo chocoano a un paro indefinido en reclamo de respeto hacia las autoridades locales y regionales, y en exigencia del cumplimiento, por parte de la empresa minera, de la sanción impuesta por dichas autoridades.
“El
Comité de salvación pública del Chocó, teniendo en cuenta:
Que
en el día de hoy se cumplió la orden inconstitucional e ilegal del ministro de
Gobierno a las fuerzas de policía del Chocó que violan el Statu Quo en el
dragado de Bebedó.
Que
el gobernador del Chocó en vista del proceder abusivo del gobierno nacional ha
presentado renuncia de su cargo.
Que
los actos anotados colocan al pueblo del Chocó en situación de inferioridad en
relación con los otros pueblos de Colombia y por lo mismo quedamos los
chocoanos en el caso de legítima defensa frente a un ataque aleve a derechos
que nos garantizan las leyes del país, cuya juridicidad ha quedado herida de
muerte, resuelve:
Decretar
un paro cívico que debe empezar el día jueves 16 de los corrientes a las 12 y
un minuto del día en las poblaciones de Quibdó, Istmina, Andagoya, Condoto,
Nóvita y el resto del territorio chocoano.
Autorízase
a la mesa directiva para determinar el modus operandi en el paro cívico que se
decreta.
El
paro cívico solo podrá levantarse cuando lo determine este comité.
Tres días después de este comunicado, y atendiendo su propia resolución, el comité determinó el modus operandi del paro. Desde la Gobernación del Chocó, con pleno apoyo del saliente gobernador Martínez Chaverra, un agrónomo nacido en Beté con una larga trayectoria en la función pública, el Comité expidió el siguiente comunicado.
Boletín Informativo
En
el despacho de la Gobernación a las doce del día de hoy se llegó al siguiente
Acuerdo Patriótico entre el Gobernador del Departamento, el Comandante de la
Policía Nacional, la Cámara Junior y el Comité de Salvación Pública del Chocó.
Primero:
La policía seguirá prestando servicio normal de vigilancia tal como lo hizo en
el día de ayer y continuará acuartelada.
Segundo:
El comercio mediante acuerdo con sus miembros colaborará al éxito del paro
trabajando medio día y cerrando medio día.
Tercero:
Los empleados públicos podrán trabajar medio día y quedarán libres el otro
medio día para sumarse al Paro.
Cuarto:
Habrá libertad absoluta para transporte terrestre y fluvial.
Quinto:
El paro cívico deberá continuarse tal como se inició, en forma pacífica,
ordenada y completa, bajo la responsabilidad de los dirigentes, para evitar
atropellos y desmanes a las personas y a los bienes.
Queda
en esta forma garantizado el éxito del Paro Cívico en todo el territorio
chocoano y se espera por lo tanto la colaboración entusiasta y permanente de
todos los chocoanos y de quienes no siendo chocoanos se sientan vinculados a esta
causa.
Quibdó,
diciembre 17 de 1965
Comité
de Salvación Pública del Chocó, Cámara Junior, Jefe de Organización y
Propaganda.
En curso de esa decisión los voceros del comité y gobernantes de la región han acordado el establecimiento de una mesa de diálogo con el gobierno nacional: “El Viceministro para el Dialogo Social y los Derechos Humanos y la Vicepresidencia de la República en articulación con la gobernadora del Chocó, la alcaldesa de Atrato y voceros del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, sostuvieron un dialogo los días 27 y 28 de enero, frente a los seguimientos de los acuerdos del Paro Cívico, con el objetivo de trazar una ruta para el cumplimiento de los compromisos. Se acordó que para seguir avanzando es fundamental llevar a cabo la mesa de diálogo en el territorio chocoano las próximas semanas, con participación de funcionarios del más alto nivel del gobierno nacional”.[6]
“De no encontrar eco a nuestras solicitudes, continuaremos, con todo rigor, las acciones de movilización convocadas a partir del día 12 de febrero del año en curso, a las cuales estamos invitando a todas las fuerzas vivas de la chocoanidad”; advierte finalmente el Comunicado para la Comunidad Chocoana, del 24 de enero de 2026, expedido por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó.
Hoy, como ayer, seguramente habrá que gritar en las calles que el pueblo no se rinde, carajo, o que ni por el más ni por el menos, ni por el putas retrocedemos; pues la institucionalidad colombiana, así se deshaga en promesas en cada coyuntura electoral, ha demostrado en la práctica que al Chocó solamente lo oye cuando, organizado, protesta masivamente en las calles y en las plazas.
[1] EL TIEMPO, miércoles 15 de diciembre de 1965. Renunció el Gobernador del Chocó. Página 21. Por: Ferrer, corresponsal.
[2] Ídem. Ibidem. Sin negritas en el texto original.
[3] El texto completo de la carta de Ramón Lozano Garcés y el mensaje completo de renuncia a la Gobernación por parte de Eladio Enrique Martínez Chaverra fueron publicados en El Guarengue bajo el título: 2 renuncias memorables. Septiembre 4 de 2023: https://miguarengue.blogspot.com/2023/09/2-renuncias-memorables-eladio-enrique.html
[4] EL TIEMPO, miércoles 15 de diciembre de 1965. Renunció el Gobernador del Chocó. Página 21. Por: Ferrer, corresponsal.
[5] Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Comunicado para la Comunidad Chocoana (24 de enero de 2026).
[6] Gobierno
Nacional y Comité Cívico por la salvación y dignidad del Chocó definen ruta
para mesa de alto nivel en el territorio. https://www.mininterior.gov.co/noticias/gobierno-nacional-y-comite-civico-por-la-salvacion-y-dignidad-del-choco-definen-ruta-para-mesa-de-alto-nivel-en-el-territorio/











