lunes, 6 de julio de 2020


Hitos y coincidencias
Diego Luis Córdoba y Adán Arriaga Andrade nacieron en el mismo año en el que fue creada la Intendencia Nacional del Chocó y forman parte de una generación excelsa y meritoria de chocoanos verdaderamente comprometidos con la suerte de su tierra natal.

Un poco menos de 50.000 almas, como se solía decir en aquella época, poblaban este territorio cuando fue creada la Intendencia Nacional del Chocó [1], mediante un decreto dado en Madrid (Cundinamarca) y firmado por Rafael Reyes como Presidente de la República. Era el Decreto Nº 1347, del 5 de noviembre de 1906, que en su quincuagésimo primero y último artículo establecía su vigencia desde el 1º de enero de 1907 [2], y en sus artículos segundo y tercero establecía, respectivamente, los límites y la organización político administrativa de la Intendencia en dos provincias, Atrato y San Juan, compuestas por un total de trece municipios, diez de los cuales ya existían como tales y tres eran creados por el mismo decreto.

Cuando el General Rafael Reyes -boyacense y Conservador- asumió la Presidencia, Colombia aún olía a pólvora interpartidista de la Guerra de los Mil días y en la conciencia de sus dirigentes, aún los más pérfidos y taimados, pesaba como una flota de buques la “pérdida” de Panamá. En la tierra chocoana, antes hermana de tamborito y mejorana de la tierra panameña, y ahora su simple y limítrofe vecina, también se percibía ese aroma y se sentía dicho peso. De modo que una naciente dirigencia provincial -varios de cuyos integrantes habían sido soldados, capitanes y coroneles de la guerra-, conformada por comerciantes e incipientes empresarios, presionó al triunfante Conservatismo para que reemplazara a Popayán por Bogotá como centro de poder y gobierno; y así las provincias del Atrato y del San Juan dejaran de pertenecer al Cauca y juntas formaran una nueva unidad territorial que fuera administrada directamente desde la capital del país.

Era el sentir de esa dirigencia que Popayán no solamente quedaba distante, a veces tanto como Bogotá, sino que para su aristocracia las tierras del Chocó eran únicamente fuente de metales preciosos, de maderas finas y otros productos de la selva, y su gente no era más que mano de obra barata y siempre disponible, cuando más socios empresariales minoritarios o centinelas de sus intereses por estos lares. El Presidente Reyes, en nombre de la reconstrucción de la nación y de la salvaguarda de su soberanía, estaba dispuesto a crear –como efectivamente lo hizo- cuanta entidad territorial sirviera a sus propósitos políticos a la vez que previniera nuevas secesiones territoriales,pues el palo no estaba para cucharas y el país no resistiría otra Panamá.

Así las cosas, efectivamente, el decreto de creación de la Intendencia Nacional del Chocó ordenaba en su artículo 1º: “Sepáranse del Departamento del Cauca las Provincias de San Juan y del Atrato, las cuales constituirán la Intendencia nacional del Chocó, que será administrada directamente por el Gobierno”. La Provincia del San Juan quedó conformada (artículo 3º) “por los municipios de Baudó, Condoto, Sipí, Tadó, Novita e Istmina (San Pablo), que será su cabecera”. Y la del Atrato compuesta por cuatro municipios ya existentes: Quibdó (cabecera provincial), Bagadó, Carmen y Lloró, y por tres municipios que  el mismo decreto creaba: San Nicolás de Titumate, San Rafael de Neguá y Litoral del Pacífico.[3] Un año después, Titumate sería regresado a su condición de corregimiento y posteriormente sería parte del Municipio de Acandí. La capital de la Intendencia se fijó en Quibdó.

Carta geográfica de la Intendencia 
del Chocó, 1928.
La estructura de gobierno y el periodo del gobernante intendencial fueron definidos en el Capítulo II-Administración y personal, del Decreto Nº 1347, del 5 de noviembre de 1906: “La Intendencia será administrada por un empleado superior, Agente inmediato del Gobierno, que se denominará Intendente; por los Alcaldes provinciales, por los Alcaldes municipales y por los inspectores de policía. El Intendente durará en su destino por un período de tres años, y servirá de fecha inicial el 1º de enero siguiente al de su elección[4].

Aun en su condición de empleado y agente inmediato del gobierno nacional, al Intendente se le fijaron, además de las funciones vigentes para los gobernadores departamentales, unas treinta funciones adicionales, que abarcaban los más diversos campos de la administración y el ejercicio de la autoridad, en los campos de la instrucción pública, comunicaciones, vías y caminos, navegación fluvial, presupuestos y personal, infraestructura pública y reglamentación de las más diversas materias.

El desarrollo y cumplimiento de tales funciones permitió un evidente avance en las condiciones de vida de la región, ya que los presupuestos elaborados por el Intendente y su Consejo de Administración, aunque sujetos a la refrendación del Gobierno Nacional, hicieron posible la creación de escuelas urbanas y rurales, la apertura de caminos y carreteras, la construcción de edificios públicos, procesos de urbanización y ornato de las cabeceras municipales y la atención organizada de graves problemas sociales de salud y alimentación. Por ejemplo, casi por primera vez, se adelantaron obras de saneamiento básico de los poblados, como la desecación de pantanos, la construcción de cloacas y albañales; y se desarrollaron campañas sistemáticas de vacunación y visitas médicas in situ para atención primaria en salud, en un territorio que era presa permanente de epidemias de pian, tuberculosis, anemia, paludismo y otras enfermedades tropicales. 

Igualmente, la Intendencia tramitó ante Bogotá el nombramiento de los llamados Agrónomos Nacionales, que recorrían el territorio brindando asesoría y promoviendo programas de fomento agropecuario a través de los cuales se buscaba la diversificación de los campos y su modernización, la mejora de los ingresos y la garantía de alimentación de los campesinos negros, cuyas vidas transcurrían lejos de los centros de poder y del poder mismo, lejos de los beneficios del crecimiento económico que empezaba a vivir la región, reducidos a ser proveedores agrícolas y de productos maderables y no maderables del bosque en un mercado dominado por los comerciantes y empresarios blancos. Del mismo modo, en cabeceras municipales como Quibdó e Istmina, la gente negra del común estaba sujeta a la servidumbre doméstica y a la práctica de oficios como cargue y descargue, albañilería y ayudantía de construcción, carpintería, rocería, entre otros; y a su utilización como mano de obra en minas que funcionaban de manera similar a como lo hacían en la Colonia, aunque sin relación formal de esclavización.

Al Intendente se le encargó también “atender con el mayor interés a la civilización de los habitantes del territorio, procurando reducir a poblaciones fijas a los indígenas errantes y acostumbrarlos por medios suaves a la obediencia y sujeción de las leyes, para lo cual debe fomentar el establecimiento y desarrollo de las misiones[5]. Este propósito nacional estaba enmarcado en el Tratado de Misiones suscrito con base en el Concordato de 1887 entre el Estado Vaticano y la República de Colombia, en virtud del cual y bajo mandato de Rafael Núñez, el Estado colombiano se proclamó tan confesional como su contraparte, condición que le duraría más de un siglo, hasta la Constitución de 1991.

Mapa de la Prefectura Apostólica
del Chocó, 1925.
Regionalmente, tal propósito "civilizador" se cumplió con creces a partir de la creación de la Prefectura Apostólica del Chocó, en 1908, desde la cual los Misioneros Claretianos, llegados a Quibdó en febrero de 1909, establecieron internados indígenas en Catrú, para la zona del Baudó; en Aguasal, para el Alto Andágueda; y en Lloró, para el Alto y Medio Atrato; como centros de castellanización, cristianización y aculturación de cuanto indígena chocoano tuvieran a su alcance. Así mismo, fundaron pueblos y estaciones misionales desde los cuales, además de desplegar sus esfuerzos hacia los indígenas, impartían catecismo y sacramentos a la población negra, en cuyos asentamientos construyeron templos y promovieron prácticas religiosas formales, que hasta hoy subsisten, como las fiestas patronales, las oraciones y rezos, y el uso devocional de la imaginería católica 

El Decreto Nº 1347, del 5 de noviembre de 1906, mediante el cual se crea y organiza la Intendencia Nacional del Chocó, incluye también capítulos referentes a las siguientes materias: legislación aplicable en la nueva entidad administrativa, régimen municipal, organización judicial, notariado y registro, elección, escuelas, colonización y misiones, vías de comunicación, establecimientos de castigo, policía, publicaciones oficiales y disposiciones varias. 51 artículos y 15 capítulos lo componen.

Tal como lo ordena el mismo decreto, la Intendencia Nacional del Chocó nace oficialmente el 1º de enero de 1907. Cuatro meses y una semana después, el martes 7 de mayo, es fusilado en Quibdó el abogado, músico y poeta negro Manuel Saturio Valencia, quien también combatiera como Capitán del bando conservador en la Guerra de los Mil días; bajo la acusación de incendiario de la ciudad, en hechos supuestamente ocurridos en la noche del 1º de mayo, que según la mayoría de sus biógrafos no fueron más que una falsedad orquestada por la élite para cobrarle a Saturio, con su vida, el haber desafiado de diversas maneras el poder blanco dominante.

Seis meses después del nacimiento de la Intendencia, en Neguá, el domingo 21 de julio, nacería Diego Luis Córdoba [6]. Siete meses después, nació en Lloró Adán Arriaga Andrade, el sábado 24 de agosto [7]. Ramón Mosquera Rivas había nacido un año y medio antes, en San Pablo, cabecera municipal de Istmina, el jueves 13 de julio de 1905 [8]. Los tres son miembros de una generación excelsa que no solamente obtuvo un merecido sitio en el ámbito intelectual y político de Colombia, sino que también combinaron sus esfuerzos, voluntades y talentos para que la región igualmente tuviera un lugar más digno en los escenarios nacionales.

El nacimiento institucional del Chocó en el siglo XX coincide, pues, con la muerte y el nacimiento de preclaros símbolos de la lucha racial en el campo de la política regional y nacional; una lucha y una causa cuyo primer fruto de trascendencia fue el acceso de profesionales negros a instancias políticas de gobierno y representación, desde las cuales lideraron el proceso que condujo -cuarenta años después de la creación de la Intendencia- a la creación del Departamento del Chocó, como un escalón más hacia el reconocimiento de este territorio y de su gente. Curiosamente, los actos legislativos que dan vida a ambos hitos fueron firmados por presidentes de la república adscritos al Partido Conservador: Rafael Reyes firmó el decreto que creó la Intendencia, Mariano Ospina Pérez firmó la ley que creó el Departamento del Chocó. La Calle 26 de Quibdó lleva el nombre de Alameda Reyes. La desaparecida Escuela Industrial de Quibdó llevaba el nombre de Mariano Ospina Pérez. Manuel Saturio Valencia también pertenecía al Partido Conservador.

Rafael Reyes firmó el decreto que creó la Intendencia.
Mariano Ospina Pérez firmó la ley que creó el Departamento del Chocó.

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