ACIA, ACADESAN, ACABA, OCABA y OPOCA,
PCN, COCOCAUCA y ACAPA
-Memoria de Jairo Velásquez (2ª Parte)-

Junto a la OREWA, ACADESAN fue central en la dedicación y el fervor profesional de Jairo Velásquez, quien caminó sus primeros pasos en esta organización con la Hermana Ayda Orobio Granja y el líder sanjuaneño Luis Enrique Granados. FOTOS: cortesía ACADESAN.

Los diez años transcurridos entre 1983 y 1993 conforman una de las décadas más complejas, decisivas y trascendentales en la historia de los territorios indígenas y negros del Chocó y el Pacífico colombiano, y de sus pobladores ancestrales. En el lapso de esta década, se dio una conjunción de hechos y acontecimientos, sin par en la historia reciente de Colombia, que transformaron para siempre y significativamente el país y sus instituciones. Jairo Jaime Velásquez Zamudio, fallecido en su natal Bogotá el pasado 19 de julio, y quien se constituyó en el abogado de los indígenas del Chocó durante más de tres décadas[1], fue partícipe y artífice de las profundas transformaciones que en esa década memorable se produjeron.

La ACIA y el Paro Cívico, la OREWA y el Vicariato

En 1983, las empresas madereras que ya habían depredado los bosques de cativo del Bajo Atrato empezaron a hacer inventarios forestales en los bosques del Medio Atrato, como parte de su empeño por conseguir un permiso de explotación en esta nueva área del Chocó. Ese mismo año, como comienzo del trabajo pastoral del nuevo Obispo, Jorge Iván Castaño Rubio, el Vicariato Apostólico de Quibdó -cuyos equipos misioneros trabajaban con las comunidades cuya morada eran aquellos codiciados bosques- proclamó públicamente las bases de su Plan de Pastoral; las cuales se resumían en su opción fundamental por la vida, bien fundamental en cuya defensa -según la histórica declaración- la Iglesia asumía un decidido compromiso con los pobres y oprimidos, con una evangelización liberadora, con las comunidades eclesiales de base y las organizaciones comunitarias de base, con la defensa de los recursos naturales y con una iglesia inculturada.

La coincidencia de estos dos disímiles hechos condujo a las comunidades campesinas del Medio Atrato a movilizarse intensamente en pro de generar su propio proceso organizativo, mediante sucesivos encuentros campesinos en Beté y Las Mercedes, en septiembre y diciembre de 1984. “Las comunidades del Medio Atrato presienten la hecatombe. Todo está dado para que su existencia física y cultural conozca el final. Para ese momento la empresa Pizano S. A., una de las depredadoras con más historia en la destrucción de los bosques de cativo, inicia los inventarios para solicitar un permiso de explotación para toda la región media del Atrato[2]”. Ha llegado el momento de poner en práctica lo que campesinos y equipos misioneros han venido reflexionando, como un proceso de fe y acción, en las comunidades eclesiales de base de Beté y comunidades vecinas. Nace entonces la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Agricultura a mediados de mayo de 1987. A finales de ese mismo mes, se desarrolla en Quibdó y otros municipios uno de los paros cívicos regionales del Chocó más intensos, combativos y fructíferos; a cuya instancia de coordinación (el Comité Cívico) son convocados -por primera vez en la historia de los movimientos sociales de la región- los pueblos indígenas como sujetos étnicos y políticos autónomos y válidos.

Además de Kunta Kinte (Eulides Blandón), Oscar Maturana y Marco Tobías Cuesta; a la derecha de la foto, con mochila al hombro, se ve a Alberto Áchito, en una de las concentraciones del Paro Cívico del Chocó de 1987, en el atrio de la Catedral de Quibdó, frente al Parque Centenario. FOTO: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó.

Alberto Áchito Lubiaza, Euclides Peña Ismare y Baltazar Mecha Forastero concurren como voceros indígenas a la preparación y realización del Paro Cívico de 1987, asesorados por Jairo Velásquez, su abogado de confianza, soporte socio-jurídico y político del nacimiento y la consolidación de la Organización Regional Embera Wounaan, OREWA, que desde 1979, en menos de una década, había conseguido que el Estado colombiano diera respuesta a sus exigencias de adelantar procesos de constitución, saneamiento y ampliación de sus resguardos, atención en educación y salud, apoyo a sus proyectos de economía y producción.

Una nueva Constitución, un nuevo país

La ACIA enfoca su trabajo hacia la protección de los bosques en peligro y hacia el reconocimiento del pueblo negro como sujeto étnico; en un momento en el que el centenario de la anacrónica Constitución Política de Colombia del año 1886 trae consigo una eclosión de conciencia nacional acerca de la necesidad de repensar el país y sus instituciones, de ponerlo a tono con los tiempos, de avanzar hacia a un Estado social de derecho, incluyente, que reconozca su diversidad y el pluralismo cultural de la nación.

Está comenzando la década de 1990. A la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, se suman en el Chocó la Organización Campesina del Bajo Atrato, OCABA; la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato, OPOCA; la Asociación Campesina del San Juan, ACADESAN; y la Asociación Campesina del Baudó, ACABA. Y en el Pacífico Sur se suman, entre otros procesos, el PCN (Proceso de Comunidades Negras) en Buenaventura, JUNPRO y Cococauca en Guapi, Timbiquí y López de Micay; y ACAPA (Asociación Campesina del Patía Grande, sus brazos y la Ensenada de Tumaco). Basada en sus opciones pastorales, la Iglesia convierte cada templo en ágora de las comunidades negras y pone a disposición de su causa financiación, logística y asesoría profesional. De modo que, aunque para ello fue necesario recurrir a mecanismos de presión y protesta, como las tomas de la Alcaldía, la sede del Incora[3] y la Catedral de Quibdó, y la Embajada de Haití en Bogotá, finalmente se logra la inclusión de un artículo transitorio en la nueva Constitución Política de Colombia, proclamada en julio de 1991. El artículo transitorio 55 ordenaba la expedición de una ley que reconociera la propiedad territorial, la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras y por su mandato nació la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras, de cuya expedición se cumplen 30 años el próximo 27 de agosto.

Jovanny Salazar, un profesional que durante dos décadas estuvo vinculado a los procesos organizativos y al sistema de Naciones Unidas en el Chocó; amigo personal y compañero de trabajo de Jairo Velásquez, rememora estos años:

“Conocí a Jairo en 1990, cuando llegué a trabajar al CPI (Centro de Pastoral Indígena) en el acompañamiento a las comunidades indígenas Wounaan y comunidades negras del Bajo San Juan, en un proceso que pretendía reconocer la territorialidad de las comunidades negras e indígenas, llamado el Gran territorio Negro Wounaan del Bajo San Juan (proceso liderado por ACADESAN y OREWA).

 

En los años siguientes coincidimos en todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, incluyendo el apoyo a iniciativas como la toma pacífica de la Catedral, la Alcaldía y la oficina de INCORA en Quibdó, y la Embajada de Haití, en Bogotá; así como la semana del Telegrama Negro, para que la ANC reconociera en la constitución del 91 los derechos de las comunidades negras.

 

Después de la nueva Constitución, nos encontramos en todo el proceso de construcción de propuestas para la reglamentación del artículo transitorio 55, que terminó en la Ley 70 de 1993. Posteriormente, empezamos a trabajar conjuntamente en la elaboración con las comunidades negras de las propuestas de titulación colectiva, iniciando con la de la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA.  Este trabajo se realizó junto a un equipo interdisciplinario de personas que nos encontrábamos en Quibdó, y luego vinieron las del Baudó y el San Juan, entre otras”[4].

El trabajo del Vicariato Apostólico y después Diócesis de Quibdó fue definitivo en el proceso de formación, organización y acción que condujo al reconocimiento constitucional y legal de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras de Colombia en la Constitución de 1991 y en la Ley 70 de 1993. El Obispo Jorge Iván Castaño Rubio y el misionero claretiano chocoano Gonzalo de la Torre fueron artífices de este trabajo. FOTOS: Archivo El Guarengue.

Derecho étnico

Junto a otros abogados de diversas procedencias, entre ellos varios profesionales afrocolombianos, Jairo Velásquez y Esperanza Pacheco hicieron parte del equipo etnojurídico que contribuyó a traducir a lenguaje legal las amplias discusiones sobre identidad y derechos de las comunidades negras en los textos originales de la Ley 70 de 1993. Las diversas definiciones o conceptos en los que se fundamenta esta ley, así como los mecanismos y procedimientos establecidos para el reconocimiento de la propiedad colectiva, contaron con las luces de Jairo y Esperanza. Posteriormente, cuando se materializó la primera propuesta de titulación colectiva de un territorio, el del Medio Atrato, Jairo Velásquez y Esperanza Pacheco, junto con los primeros abogados chocoanos al servicio de la ACIA, trabajaron en equipo con los líderes indígenas de la OREWA y los líderes negros de la ACIA en la creación, conceptualización y puesta en marcha de comisiones interétnicas que contribuyeron a la delimitación precisa y mutuamente respetuosa de los territorios de cada grupo étnico. Un proceso impecable y ejemplar que contribuyó a dejar a salvo los derechos de cada una de las partes.

La antigua ACIA, que a partir de su título de propiedad colectiva de casi 700.000 hectáreas del territorio del Medio Atrato se convirtió en el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA; expresó el pasado 21 de julio, en su mensaje público de condolencia por la muerte de Jairo Velásquez,  que él “aportó a la creación de nuestra organización desde el punto de vista jurídico y organizativo en procura de la defensa del territorio, sus comunidades, sus recursos naturales y sobre todo en la consecución de nuestra amada ley 70 de 1993 y el proceso de titulación colectiva”. Jairo “ayudó a hacer una lectura del Derecho en clave de la defensa del territorio para los pueblos indígenas y afrocolombianos”, anotó Jesús Alfonso Flórez, académico y activista que en ese entonces formaba parte del clero diocesano de Quibdó[5].

Aunque la mayor parte de su contenido continúe sin reglamentar y su aplicación en materia de desarrollo propio, etnoeducación y manejo sostenible de los recursos naturales, bosques y minería, aún esté pendiente; la Ley 70 de 1993 es hito y símbolo con el que se cerró aquella década de inmarcesible brillo en la historia nacional. Jairo Velásquez será siempre recordado por sus significativos aportes profesionales a la fundamentación conceptual de esta norma, por su contribución a la creación de mecanismos expeditos de relaciones interétnicas entre indígenas y afrochocoanos y por sus enseñanzas sobre las posibilidades étnicas de la nueva institucionalidad del Estado y del nuevo orden jurídico que la Constitución de 1991 introdujo.

Medio ambiente y desarrollo

No obstante los logros constitucionales y legales derivados de la Constitución de 1991, una nueva amenaza se cernía sobre los pueblos indígenas y las comunidades negras del Chocó y del Pacífico colombiano: la llamada Apertura Económica al Pacífico, inaugurada por Belisario Betancur (periodo presidencial 1982-1986) y Virgilio Barco (presidente en el periodo 1986-1990), y amplificada por César Gaviria (periodo presidencial 1990-1994), el mismo que había promovido la Constituyente y había apoyado la expedición de la Ley 70 de 1993.

Jairo Velásquez fue uno de los primeros asesores de las organizaciones indígenas y negras del Chocó y del Pacífico en levantar una voz de alarma o campanazo de alerta sobre las consecuencias de dicha estrategia gubernamental. De modo que las temáticas referentes a la relación entre desarrollo y medio ambiente se convirtieron rápidamente en una materia más de estudio, preocupación y trabajo comunitario. La ecología, hasta ese momento vista como un asunto casi superfluo de la hegemonía anglosajona o de las privilegiadas élites nacionales en búsqueda de recursos económicos para sus oenegés, en nombre del tema de moda; cobró su real sentido y se convirtió en un punto céntrico de igual peso que la dimensión étnica de la población. Si a las comunidades las distinguía y les daba identidad su pertenencia étnica, su historia, su cultura y su ancestralidad; al territorio lo caracterizaba la enorme y codiciada riqueza de su biodiversidad, sus recursos naturales y una serie de tesoros ambientales incalculables e incluso desconocidos, que en conjunto contribuían al equilibrio del planeta Tierra en la misma medida que la Amazonía.

Esta nueva materia organizativa conduciría los procesos comunitarios del Chocó y del Pacífico a escenarios de la nueva institucionalidad, establecida por la Constitución Política de 1991, como el sistema nacional ambiental -SINA-, introducido por la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Medio Ambiente y los institutos de investigaciones ambientales; y que -con recursos del Fondo Mundial de Medio Ambiente -GEF- puso en marcha el Proyecto Biopacífico. Todo ello en el marco de la ola ambientalista levantada por la Cumbre de Río (1992)... Jairo Velásquez estuvo siempre ahí, presto para ilustrar a la gente acerca del significado y trascendencia de estas novedades.

Gonzalo Manuel Díaz Cañadas, periodista chocoano, creador del Archivo fotográfico y fílmico del Chocó, quien conoció a Jairo Velásquez en la década de 1990, lo recuerda cuando trabajaron juntos en el IIAP, al cual Jairo se vinculó desde el mismo momento de su creación:

“En los años 2000 a 2006 trabajamos en el Instituto de investigaciones Ambientales del Pacífico, con Germán Casamá y Evelis Andrade, ellos como representantes de los intereses de las organizaciones indígenas. Participamos durante dos años en la construcción de la Agenda Pacifico XXI, donde Jairo contribuyó a la construcción de una visión de desarrollo para los grupos étnicos. Hizo parte de la oficina de Planeación, programa Teoría Social. Era un hombre serio, responsable, crítico y dialogal, que acompañaba la reivindicación de las organizaciones indígenas por el territorio, la autonomía y un modelo de desarrollo propio”[6].

Jovanny Salazar también lo recuerda por su trabajo en el IIAP: “Posteriormente, seguimos encontrándonos en diferentes procesos, como fue la creación del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, donde Jairo entregó grandes aportes y acompañó fuertemente el proceso”.

“Aunque se fue del Chocó, el Chocó no se iría de él”

Así las cosas, aunque aquellos procesos organizativos de base habían conseguido transformar la institucionalidad pública del Estado colombiano, en pro del reconocimiento de su identidad étnica y sus derechos; nuevos desafíos, nuevos riesgos y nuevas amenazas surgían para las comunidades del Chocó y del Pacífico. Valentina Pellegrino, historiadora, sobrina de Jairo Velásquez, rememoró para El Guarengue la vida de su tío en aquel momento histórico del país y de la región:

“A mediados de los noventa, los ojos del gobierno y de algunas instituciones multilaterales se posaron en el Pacífico. Así surgió el Plan Pacífico, que prometía mediante proyectos, inversiones y actividades promover lo que en ese entonces llamaron el Desarrollo Humano. Jairo hizo parte de muchas de estas iniciativas, así como de las que estaban más directamente vinculadas con procesos de conservación ambiental mediante el fortalecimiento de las comunidades afro e indígenas... Había esperanzas de que tanto ese nuevo interés en la región, como las nuevas leyes, ayudaran a que se consolidaran procesos que con tanto fervor habían empezado las comunidades y que Jairo se había empeñado por construir hombro a hombro, por más de una década.

 

Pero, la esperanza que llegó con las nuevas leyes, con la Constitución de 1991 y con el Plan Pacífico se enfrentaría a la realidad brutal de la violencia, especialmente con la llegada del nuevo milenio. Jairo empezó a notar con preocupación la presencia cada vez mayor de actores armados que, ante la imposibilidad de amenazar a la gente para que vendiera sus tierras por dos pesos, ya que no podían venderse, resolvieron matar a la gente a diestra y siniestra. Finalizados los años noventa, el Chocó era escenario de una violencia mayor a la que había en el resto del país, que es mucho decir. Jairo siguió en su empeño de fortalecer a las comunidades y de brindar su voz, sus textos y sus conocimientos de la ley, para denunciar las atrocidades y proteger a la gente. Eso casi le cuesta la vida, pues las amenazas de muerte no se hicieron esperar. Fue la solidaridad y la hermandad a toda prueba de las comunidades chocoanas la que blindó a Jairo del peligro de aquellos años.

 

Jairo tuvo que dejar el Pacífico, que durante dos décadas había sido su hogar y su utopía, por buscar un futuro menos arriesgado no para él, sino para sus hijos. Así, se reinstaló en Bogotá… Aunque se fue del Chocó, el Chocó no se iría de él y su gente lo acompañó hasta el final”[7].

Igualmente, Jovanny Salazar recuerda el compromiso de Jairo con la gente, aun en los peores momentos: “Hasta el 2008 que salí de Quibdó, Jairo continuaba trabajando de la mano con diferentes procesos de comunidades negras e indígenas del Pacífico, en especial del Chocó. Su proceso y legado lo encontramos hoy en ACADESAN y en el acompañamiento fuerte al Cabildo Mayor del Alto Andágueda. A finales de los 90, cuando la violencia toma mayor fuerza en el Chocó, Jairo continuó apoyando a las comunidades, con las denuncias y diligencias judiciales, pero sobre todo las siguió acompañando para que no dejaran de soñar con un mundo mejor”[8].

Un buen tipo

Elías Córdoba -experimentado profesional chocoano que asistió también al nacimiento de la ACIA, a finales de la década de 1980- al conocer la noticia del deceso de Jairo Velásquez escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento su partida, un hombre con buena formación que aportó a los procesos sociales y étnico territoriales en el Chocó; de agradable trato y buen verbo. Descanse en paz”[9]. Mery Herrera, Ingeniera Civil chocoana, que lo conoció a raíz de la elaboración de un plan de manejo ambiental de la OREWA para una microcentral hidroeléctrica en el Pacífico chocoano, expresó: “Buen profesional y buena gente Jairo. Recuerdo a Jairo y Esperanza con aprecio y gratitud. QEPD”.

“En lo personal, Jairo fue un gran amigo. Recuerdo muchas tardes y noches de largas conversas sobre la vida, la política y literatura. Aprendí a querer y acercarme a escritores desconocidos para mí, por Jairo. Siempre que llegaba de Bogotá traía nuevos libros en los brazos y en las maletas. La convivencia fue grata. Fue un hombre de principios y convicciones políticas, que lo llevaban a que a veces pareciera terco. Un hombre que trabajó como una hormiga por los procesos de comunidades negras e indígenas, solo con la convicción de una mejor vida para estas comunidades. Jairo nunca tuvo mayor pretensión que la Justicia. Doy gracias al Dios de la Vida por habérmelo encontrado en mi vida; fueron muchas las lecciones y aprendizajes a su lado”, escribió Jovanny Salazar[10].

RIP

Pasa, pues, a la eternidad de nuestra memoria común un profesional profundamente comprometido con las causas étnicas y populares de las comunidades del Pacífico colombiano, con su dignidad y sus derechos, con su bienestar, con su vida. Como escribió su sobrina Valentina, en su bello texto sobre la vida y la lucha de Jairo Velásquez: “Hoy, cuando Jairo regresa al infinito de donde venimos todos, esperamos que ese infinito lo lleve nuevamente por las aguas del Atrato”[11]. 

Ojalá también la eternidad lo lleve por las aguas del Baudó, donde igualmente sembró semillas organizativas junto a su amigo Rudecindo Castro, cimarrón contemporáneo y líder histórico de ACABA. Y por las aguas del San Juan, donde el recuerdo de Jairo Velásquez perdurará en cada reunión, en cada taller, en cada acierto, en cada dificultad, en cada proceso de ACADESAN, una organización que -junto a la OREWA- fue motivo central de su dedicación personal y profesional.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”. Bertolt Brecht.

Féretro de Jairo Velásquez en la capilla de velación
y en el momento final de su ingreso al horno de cremación.
Bogotá, 22.07.2023. FOTOS: Julio César U. H.

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[1] En la primera parte de esta Memoria de Jairo Velásquez, en El Guarengue, se pueden leer los detalles de su vinculación y su trabajo con la OREWA. Ver: El abogado de los indígenas del Chocó

[2] Villa, William. 1998. “Movimiento social de comunidades negras en el Pacífico colombiano. La construcción de una noción de territorio y región”. En: Geografía humana de Colombia. Tomo VI: Los afrocolombianos. Pp. 431-448. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Pág. 434.

[3] La sigla INCORA corresponde al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que fue reemplazado en el 2003 por el Incoder, que a su vez fue reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras.

[4] Jovanny Salazar, julio 23 de 2023. Entrevista vía WhatsApp.

[5] Jesús Alfonso Flórez López, julio 22 de 2023. Entrevista vía WhatsApp.

[6] Gonzalo Díaz Cañadas, julio 24 de 2023. Entrevista vía WhatsApp.

[7] Pellegrino Velásquez, Valentina, julio 21 de 2023. Un relato sobre la vida y la lucha de Jairo Velásquez. 4 pp. Pág. 3.

[8] Jovanny Salazar. Entrevista precitada.

[9] https://twitter.com/eliasatrato/status/1682145919045627908?s=20

[10] Jovanny Salazar. Entrevista precitada.

[11] Pellegrino Velásquez, Valentina, julio 21 de 2023. Un relato sobre la vida y la lucha de Jairo Velásquez. 4 pp. Pág. 4.