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| Iglesia parroquial de Quibdó, 1934. Foto: Misioneros Claretianos. |
Según los comerciantes, “los rateros y ladrones atacan diariamente la propiedad ajena” en Quibdó y son “vagos que, tanto en las poblaciones como en los campos, pretenden resolver el problema de la vida apropiándose de lo ajeno”. A los rateros los ampara, según la carta, la laxitud de la Ley 50 de 1933, que establece en su Artículo 5°: “En ningún proceso judicial, correccional o de policía, podrá ser detenido preventivamente el sindicado, a menos que el delito que se investiga esté sancionado con pena de presidio o de reclusión”[2]. Y a los ladrones, “la suavidad de los castigos”.
Así las cosas, este grupo de comerciantes mayoritariamente sirio-libaneses (los llamados turcos) reclama ayuda del Intendente Arriaga Andrade: “pedimos a usted muy respetuosamente se sirva dictar alguna providencia enérgica y eficaz que ponga a la ciudadanía honrada fuera del alcance de los vagos…”.
Dos meses atrás, Eduardo Castro, del Comando de la Policía Nacional en el Chocó, remite una carta al Director del ABC, con fecha julio 16 de 1934, “para si usted lo estima conveniente, …se sirva publicarla en tan leído diario como una voz de alerta para los padres de familia”[3]. El ABC la publica bajo el título “La policía notifica que hará retirar a los menores a sus casas pasadas las ocho de la noche”.
“Ha resuelto este comando aplicar con todo rigor la disposición vigente de no permitir en la calle niños después de las 8 de la noche, especialmente aquellos cuya presencia en la calle no sea suficientemente justificada”, informa la Policía, aduciendo el bullicio como motivación de la medida: “en vista de los continuos tumultos y desórdenes que a diario vienen fomentado los muchachos en los lugares más públicos de la ciudad”.
Cinco meses después, el Inspector del Corregimiento de Tutunendo, Azael E. Romaña se dirige también al Director del periódico ABC, mediante una carta fechada en esa localidad el 7 de febrero de 1935. Romaña presenta una relación de necesidades y problemas que aquejan a dicha población, referentes a la insuficiencia de la actual escuela para atender una población escolar estimada en 100 niños, que podrían reunirse entre Tutunendo e Ichó; a la falta de servicio telefónico con Quibdó, para casos de emergencia; a la ruina y falta de dotación de la Inspección de Policía del corregimiento; y a “la falta de un agente de Policía, siquiera, para cumplir las órdenes de la Inspección, y para hacer guardar el orden”.[4]
En ese momento, está en plena construcción la carretera Quibdó-Bolívar (Antioquia), situación que, según el relato epistolar del Inspector Romaña, afecta a los tutunendeños: “como los trabajos de la carretera están a corta distancia de Tutunendo, a este lugar se vienen a pernoctar sus obreros y con frecuencia se forman discusiones que exigen la intervención de la autoridad, y sin un colaborador o agente de Policía, no se puede hacer mayor cosa”.
Con una disciplina que el gobierno hubiera deseado en las cuarentenas obligatorias de marzo a septiembre, a las 9 de la noche no hay un alma en el centro de Quibdó. A las 10 de la noche, la gente está encerrada detrás de sus puertas y ventanas. El silencio es inusual y escasamente interrumpido por alguna charla en voz baja dentro de las casas, por el ruido de la televisión o por una que otra conversación por celular, que invariablemente incluye como tema este silencio.
Todo fue producto de una orden. La orden no la dio el gobierno municipal, ni el gobierno departamental; tampoco el gobierno nacional. Pero, la orden se cumplió.
[1] La carta estaba fechada el 18 de septiembre de 1934 y fue publicada por el periódico ABC, de Quibdó, en su edición 2885, del miércoles 19 de septiembre de 1934, bajo el título “El comercio pide protección contra los ladrones y rateros”.
[3] ABC, edición 2.854, julio 17 de 1934.
[4] ABC, edición 2953, 12 de febrero de 1935. En: http://www.choco7dias.com/1018/choco_ayer.html
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