02/02/2026

 El Comité de Salvación Pública del Chocó 
y el Paro Cívico de 1965

Servando Ferrer García, corresponsal del diario El Tiempo en Quibdó, dejó para la historia un detallado reportaje sobre los hechos que condujeron a la renuncia del Gobernador del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra (Foto: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó) y a la realización del Paro Cívico regional de 1965. Recortes El Tiempo: Collage El Guarengue.

En vísperas de la Navidad del año 1965, diez meses antes del incendio que devastaría la ciudad y cambiaría para siempre la historia local y regional, se constituyó en Quibdó el Comité de Salvación Pública del Chocó, que convocó al pueblo chocoano a un paro cívico a partir del jueves 16 de diciembre a las 12 y un minuto del día.

Este comité fue una respuesta colectiva, espontánea e inmediata frente al conflicto regional por la soberanía nacional y los derechos de la gente, suscitado entre —por un ladola población de Bebedó, la alcaldía de Istmina, la gobernación del Chocó, y —por otro el inveterado poder de la compañía minera gringa Chocó Pacífico, un artificio corporativo a través del cual se adelantaron durante más de la mitad del siglo XX todos los desmanes habidos y por haber en materia ambiental, social, económica, cultural y racial contra la población chocoana; al amparo de todo tipo de artilugios jurídicos y arbitrariedades, en el marco de ventajosas concesiones y luengos permisos de explotación de metales preciosos en la antigua Provincia del San Juan, en los ríos San Juan, Condoto, Opogodó, y en el área de Lloró y La Vuelta, en el Alto Atrato y el Andágueda.

En noviembre de 1965, una draga de la compañía minera Chocó Pacífico, que adelantaba trabajos en inmediaciones de la población de Bebedó —en ese entonces corregimiento del Municipio de Istmina—, ocasionó daños irreparables en suelos y bosques, destruyó cultivos de intercambio y pancoger de propiedad de campesinos de esta localidad y sus alrededores, además de provocar deslizamientos masivos de tierras y avenidas torrenciales de ríos y quebradas, preludio y amenaza de daños aún mayores. En cumplimiento de sus atribuciones legales, las autoridades se apersonaron de la situación y, luego de diligente análisis in situ, con base en la legislación vigente, tasaron los perjuicios que la empresa minera debía pagar a los pobladores damnificados en la suma de cuatrocientos mil pesos de la época ($400.000), equivalentes aproximadamente a un poco más de quinientos millones actuales. Prevalida de su poder y acostumbrada a alegar siempre todas las formalidades posibles, a través de su numeroso y siempre obsecuente equipo de abogados, la compañía minera se negó a pagar. Por lo cual, el Alcalde de Istmina ordenó la suspensión de las operaciones de la draga identificada con el número seis en el registro de maquinarias de la empresa extranjera.

Los ministerios de Minas y de Gobierno intervinieron en la situación y enviaron desde Bogotá sendas comisiones oficiales; las cuales, al final de sus trabajos, concluyeron —como lo informó detalladamente el periódico El Tiempo, en un reportaje de Servando Ferrer García, su corresponsal en Quibdó—[1] que el daño aún no era grave y que se podrían prevenir los perjuicios sobrevinientes mediante la ejecución de obras de defensa a lo largo de aquellas orillas y aquellos montes chocoanos tan lejos de Dios y tan cerca de la angurria de las empresas mineras multinacionales y de sus serviles socios nacionales… “Con base en estos informes, el Ministerio de Gobierno autorizó a la compañía a continuar sus labores, es decir, que permitió la movilización de la draga, que permanecía inactiva por orden del alcalde de Istmina. Esta determinación del gobierno nacional provocó un movimiento encabezado por un grupo de ciudadanos de ese departamento, que se constituyeron en el comité denominado de “Salvación pública del Chocó”. A su vez, el gobernador encargado del Chocó, Eladio Enrique Martínez, se solidarizó con el alcalde y con la citada junta cívica y presentó renuncia ante el gobierno central”; aduciendo entre otras cosas que lo decidido por el gobierno nacional se trataba de un “hecho que supedita a intereses particulares extranjeros los inalienables intereses de la comunidad chocoana”; por lo cual, concluye: “Mi dignidad de chocoano y apasionado amante de esta tierra me impone el deber de renunciar a la Gobernación del Chocó, que ejerzo en calidad de encargado, para dejarle la libertad de escoger su representante seccional”.[2]

El abogado, intelectual y dirigente político Ramón Lozano Garcés renunció a su candidatura al Senado por el Partido Liberal, el 11 de diciembre de 1965, por los mismos motivos que el entonces Gobernador del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra. Su carta de renuncia, dirigida a Carlos Lleras Retrepo, entonces dirigente y candidato liberal a la presidencia, fue publicada bajo el título de "La Constitución pisoteada". FOTOS: Facebook-Ramón Lozano Garcés "Centenario".

En el Comité por la Defensa Pública del Chocó participaba el prestigioso abogado y líder político Ramón Lozano Garcés, apoderado del Municipio de Istmina en la causa de Bebedó; quien había sido nombrado miembro de honor, en homenaje a su trayectoria de recia batalla jurídica contra las empresas extranjeras y en defensa de los intereses regionales y nacionales y de la soberanía del país. Adicionalmente y para mayor mérito, Lozano Garcés acababa de renunciar a su candidatura al senado por el Partido Liberal, mediante una carta dirigida a Carlos Lleras Restrepo, dirigente y candidato liberal a la presidencia, que fue publicada bajo el título de “La Constitución pisoteada”; y en la cual, refiriéndose al motivo de su renuncia, que no era otro que la decisión nacional de apoyar a la empresa minera, en detrimento de los intereses del municipio de Istmina, afirmó: “Yo no seré notario, ni testigo indiferente de esta protocolización melancólica de la indignidad nacional, de esta agonía del régimen de derecho...”.[3]

Completaban el comité sus dos principales promotores, Joaquín Rodríguez Asprilla y Guido Perea Mosquera, así como Jaime Sarria Misas, Aurelio Rivas Mosquera, Manuel Barcha Garcés, Aurelio Mosquera Perea, Francisco Cuesta Velásquez, Reinaldo Perea, Francisco Baldrich, Adán González, Luis Moreno, Adela Maturana de Casas, Imelda Velasco Mosquera, Emma Jiménez v. de Valencia, Amira López de López y Hernán García.[4]

El 14 de diciembre de 1965, el Comité por la Defensa Pública del Chocó llamó al pueblo chocoano a un paro indefinido en reclamo de respeto hacia las autoridades locales y regionales, y en exigencia del cumplimiento, por parte de la empresa minera, de la sanción impuesta por dichas autoridades.

“El Comité de salvación pública del Chocó, teniendo en cuenta:

 

Que en el día de hoy se cumplió la orden inconstitucional e ilegal del ministro de Gobierno a las fuerzas de policía del Chocó que violan el Statu Quo en el dragado de Bebedó.

 

Que el gobernador del Chocó en vista del proceder abusivo del gobierno nacional ha presentado renuncia de su cargo.

 

Que los actos anotados colocan al pueblo del Chocó en situación de inferioridad en relación con los otros pueblos de Colombia y por lo mismo quedamos los chocoanos en el caso de legítima defensa frente a un ataque aleve a derechos que nos garantizan las leyes del país, cuya juridicidad ha quedado herida de muerte, resuelve:

 

Decretar un paro cívico que debe empezar el día jueves 16 de los corrientes a las 12 y un minuto del día en las poblaciones de Quibdó, Istmina, Andagoya, Condoto, Nóvita y el resto del territorio chocoano.

 

Autorízase a la mesa directiva para determinar el modus operandi en el paro cívico que se decreta.

 

El paro cívico solo podrá levantarse cuando lo determine este comité.

Tres días después de este comunicado, y atendiendo su propia resolución, el comité determinó el modus operandi del paro. Desde la Gobernación del Chocó, con pleno apoyo del saliente gobernador Martínez Chaverra, un agrónomo nacido en Beté con una larga trayectoria en la función pública, el Comité expidió el siguiente comunicado.

Boletín Informativo

En el despacho de la Gobernación a las doce del día de hoy se llegó al siguiente Acuerdo Patriótico entre el Gobernador del Departamento, el Comandante de la Policía Nacional, la Cámara Junior y el Comité de Salvación Pública del Chocó.

 

Primero: La policía seguirá prestando servicio normal de vigilancia tal como lo hizo en el día de ayer y continuará acuartelada.

 

Segundo: El comercio mediante acuerdo con sus miembros colaborará al éxito del paro trabajando medio día y cerrando medio día.

 

Tercero: Los empleados públicos podrán trabajar medio día y quedarán libres el otro medio día para sumarse al Paro.

 

Cuarto: Habrá libertad absoluta para transporte terrestre y fluvial.

 

Quinto: El paro cívico deberá continuarse tal como se inició, en forma pacífica, ordenada y completa, bajo la responsabilidad de los dirigentes, para evitar atropellos y desmanes a las personas y a los bienes.

 

Queda en esta forma garantizado el éxito del Paro Cívico en todo el territorio chocoano y se espera por lo tanto la colaboración entusiasta y permanente de todos los chocoanos y de quienes no siendo chocoanos se sientan vinculados a esta causa.

 

Quibdó, diciembre 17 de 1965

 

Comité de Salvación Pública del Chocó, Cámara Junior, Jefe de Organización y Propaganda.

El 17 de diciembre de 1965, el denominado Comité de Salvación Pública del Chocó comunicó a la sociedad chocoana el "modus operandi" del paro, con pleno respaldo de la Gobernación. A la derecha, el Gobernador del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra, acompañado de Teresa Martínez de Varela, Nicanor Mena Perea, Manuel Barcha Garcés, Antonio de J. Murillo y demás secretarios de despacho de su equipo de gobierno, en un desfile público (octubre 1965), con  participación de estudiantes del Colegio Carrasquilla y del Instituto Pedagógico Femenino. FOTOS: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó.

Curtido en luchas cívicas como camino para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en la obtención de mínimos vitales de respeto a su dignidad, por parte del Estado colombiano y la sociedad nacional; el pueblo chocoano había salido a las calles una década antes de aquel paro cívico —en septiembre de 1954—, para impedir que a solamente siete años de su creación como departamento su territorio fuera indecorosamente repartido entre sus ambiciosos vecinos, encabezados, cómo no, por la voraz Antioquia. Dos años después —en agosto de 1967— protagonizaría la Huelga de agua y luz, para reclamar el cumplimiento de los planes de reconstrucción de Quibdó después del pavoroso incendio que la había destruido el 26 de octubre de 1966. Y veinte años después, en mayo de 1987, en una gesta histórica que empezó a poner la región a tono con la actualidad, un nuevo paro cívico daría comienzo a una nueva época de reivindicaciones, que aún no termina. De hecho, el actual Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, en comunicado del pasado 24 de enero, informó que “ante la decisión del Gobierno Nacional de cambiar la destinación de recursos que estaban previstos para financiar algunas vías del Chocó, y otros proyectos estratégicos para la región; al igual que el incumplimiento a los acuerdos firmados en el 2016, ha determinado reactivar el PARO CÍVICO departamental, suspendido en el 2017”.[5]

En curso de esa decisión los voceros del comité y gobernantes de la región han acordado el establecimiento de una mesa de diálogo con el gobierno nacional: “El Viceministro para el Dialogo Social y los Derechos Humanos y la Vicepresidencia de la República en articulación con la gobernadora del Chocó, la alcaldesa de Atrato y voceros del Comité Cívico  por la Salvación y Dignidad del Chocó, sostuvieron un dialogo los días 27 y 28 de enero, frente a los seguimientos de los acuerdos del Paro Cívico, con el objetivo de trazar una ruta para el cumplimiento de los compromisos. Se acordó que para seguir avanzando es fundamental llevar a cabo la mesa de diálogo en el territorio chocoano las próximas semanas, con participación de funcionarios del más alto nivel del gobierno nacional”.[6]

“De no encontrar eco a nuestras solicitudes, continuaremos, con todo rigor, las acciones de movilización convocadas a partir del día 12 de febrero del año en curso, a las cuales estamos invitando a todas las fuerzas vivas de la chocoanidad”; advierte finalmente el Comunicado para la Comunidad Chocoana, del 24 de enero de 2026, expedido por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó.

Hoy, como ayer, seguramente habrá que gritar en las calles que el pueblo no se rinde, carajo, o que ni por el más ni por el menos, ni por el putas retrocedemos; pues la institucionalidad colombiana, así se deshaga en promesas en cada coyuntura electoral, ha demostrado en la práctica que al Chocó solamente lo oye cuando, organizado, protesta masivamente en las calles y en las plazas.



[2] Ídem. Ibidem. Sin negritas en el texto original.

[3] El texto completo de la carta de Ramón Lozano Garcés y el mensaje completo de renuncia a la Gobernación por parte de Eladio Enrique Martínez Chaverra fueron publicados en El Guarengue bajo el título: 2 renuncias memorables. Septiembre 4 de 2023: https://miguarengue.blogspot.com/2023/09/2-renuncias-memorables-eladio-enrique.html

[4] EL TIEMPO, miércoles 15 de diciembre de 1965. Renunció el Gobernador del Chocó. Página 21. Por: Ferrer, corresponsal.

[5] Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Comunicado para la Comunidad Chocoana (24 de enero de 2026).

[6] Gobierno Nacional y Comité Cívico por la salvación y dignidad del Chocó definen ruta para mesa de alto nivel en el territorio. https://www.mininterior.gov.co/noticias/gobierno-nacional-y-comite-civico-por-la-salvacion-y-dignidad-del-choco-definen-ruta-para-mesa-de-alto-nivel-en-el-territorio/