2 renuncias memorables
Eladio Enrique Martínez Chaverra
y Ramón Lozano Garcés

Eladio Enrique Martínez Chaverra y Ramón Lozano Garcés protagonizaron, en diciembre de 1965, las dos renuncias quizás más memorables de la Historia del Chocó, para no cohonestar con las arbitrariedades y atropellos de la compañía minera Chocó Pacífico, que el gobierno nacional pretendió imponerles. FOTOS: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó.

Beté es la cabecera municipal del Medio Atrato, municipio del departamento del Chocó creado por la Asamblea Departamental el 23 de junio de 1999. Gran parte de su popularidad se deriva de una canción del folclor chocoano compuesta por Rubén Castro Torrijos, La canoa ranchada: Adiós, canoa, me voy pa’ Beté; rayando la aurora, me voy pa’ Beté. En este histórico pueblo, situado en la margen izquierda del río Atrato, y en algunos de sus pueblos vecinos, se originó en la década de 1980 el movimiento campesino negro que le dio origen a las reivindicaciones étnicas y territoriales que posteriormente fueron recogidas en la Ley 70 de 1993.

Ahí, en Beté, que era entonces corregimiento del Municipio de Quibdó, nació en 1935 Eladio Enrique Martínez Chaverra, un ingeniero agrónomo que, además de ocupar con lujo de competencias casi todas las secretarías del gobierno departamental, fue dos veces gobernador encargado del Chocó: la primera, entre el 18 de septiembre y el 14 de diciembre de 1965, por nombramiento que le hizo el presidente Guillermo León Valencia y en reemplazo de Ricardo Eleazar Valencia; y la segunda entre el 11 de febrero y el 10 de marzo de 1977, por nombramiento que le hiciera el presidente Alfonso López Michelsen.

"Mi dignidad de chocoano me impone el deber de renunciar"

Corría noviembre de 1965 cuando una draga de la compañía minera Chocó Pacífico que adelantaba trabajos en inmediaciones de la población de Bebedó, en ese entonces corregimiento del Municipio de Istmina, ocasionó graves daños en suelos y cultivos de propiedad de campesinos de esta localidad, además de un deslizamiento de tierra que amenazaba con ocasionar daños aún mayores. Las autoridades tasaron los perjuicios en una suma de cuatrocientos mil pesos de la época ($400.000), equivalentes a unos cuarenta millones actuales; que la empresa minera debía pagar a los campesinos perjudicados. 

Pero, la compañía minera se negó a pagar. Por lo cual, el Alcalde de Istmina ordenó la suspensión de las operaciones de la draga y contrató como apoderado del municipio al eminente abogado chocoano Ramón Lozano Garcés, quien conocía a fondo el modus operandi de esa empresa, ya que lo había venido estudiando y denunciando juiciosamente desde hace casi tres décadas; de modo que sabía de sus trapisondas y su contubernio con el Estado colombiano para explotar sin control ni contraprestaciones los metales preciosos de la provincia del San Juan y el Alto Atrato; un negocio cuyas utilidades eran tan jugosas que le alcanzaron a los accionistas para participar en la construcción del Madison Square Garden, de Nueva York.

Tal como lo narró con detalles el memorioso abogado y artista quibdoseño Américo Murillo Londoño[1], la Chocó Pacífico no solamente no pagó, sino que -valiéndose de la obsecuencia y el servilismo de funcionarios de los ministerios de minas y de gobierno- consiguió que el mismísimo Ministro de Gobierno, Pedro Gómez Valderrama, presionara de manera insistente al entonces gobernador encargado del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra, para que revocara la medida impuesta por el Alcalde de Istmina contra la empresa gringa.

Era frecuente que las operaciones de las dragas de la empresa minera norteamericana Chocó Pacífico ocasionaran daños a los terrenos, cultivos y propiedades de los pobladores de las orillas de ríos y quebradas de la Provincia del San Juan y que esta no asumiera sus responsabilidades. El caso de Bebedó, en noviembre de 1965, ocasionó la digna renuncia del Gobernador del Chocó y del abogado chocoano apoderado del municipio afectado (Istmina), para no cohonestar con la venalidad del gobierno nacional de Colombia. FOTO: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó.

Digno como el que más, en concordancia con la denuncia pública del abogado Ramón Lozano Garcés, el Gobernador Eladio Enrique Martínez Chaverra prefirió renunciar antes que ceder a la ignominia a la que se le quería conducir por parte del alto gobierno nacional, que por encima de la ley había ordenado levantar la medida de suspensión de trabajos de dragado expedida por la Alcaldía de Istmina. Mediante una carta dirigida al presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, y al ministro de gobierno, Pedro Gómez Valderrama, el Gobernador Martínez Chaverra renunció en los siguientes y admirables términos:

“De la manera más respetuosa, reitero a usted, señor presidente, mis agradecimientos por conferirme el alto cargo y la digna misión de regir los destinos de mi tierra, sentimientos estos que hago extensivos al señor ministro de gobierno. Pero ante los últimos hechos relacionados con la movilización de la draga N° 6 de la compañía extranjera Chocó-Pacífico S. A., cuyo conocimiento y decisión del expediente estaba a cargo de este despacho, en virtud del recurso de renovación interpuesto por el doctor Juan Manuel Arbeláez, apoderado de dicha compañía, en el agotamiento del procedimiento gubernativo, creo que he quedado relevado de mis funciones como jefe de la administración pública seccional.  Ante la insólita e injurídica orden del gobierno nacional de poner en funcionamiento la mencionada draga que está ocasionando serios y graves perjuicios al paraje denominado Bebedó, jurisdicción del Municipio de Istmina, y a sus humildes moradores, creo que se ha pretermitido el trámite legal en esta materia y no puedo compartir ese criterio. Mi dignidad de chocoano y apasionado amante de esta tierra me impone el deber de renunciar a la Gobernación del Chocó, que ejerzo en calidad de encargado, para dejarle la libertad de escoger su representante seccional. Quiero dejar constancia ante la historia que he mirado con perplejidad este hecho que supedita a intereses particulares extranjeros los inalienables intereses de la comunidad chocoana. Ruego aceptar, señor presidente, mis más fervorosos votos por la feliz y exitosa culminación de su mandato”[2].

No era posible ser más claro, a menos que se tratara de Ramón Lozano Garcés, cuya denuncia pública de este hecho irregular e ilegal en favor de la empresa minera Chocó Pacífico quedó consignada para la historia en una carta titulada La Constitución pisoteada, dirigida al jefe liberal Carlos Lleras Restrepo, quien era candidato a la presidencia de la república por dicho partido y triunfaría en las elecciones de 1966, para ejercer como Presidente de Colombia entre 1966 y 1970.

Neftalí Mosquera Mosquera y Teresa Martínez de Varela, con el Gobernador Eladio Enrique Martínez Chaverra, en su despacho, en 1965. FOTO: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó.

La Constitución pisoteada

Cuando ocurrió este vergonzoso incidente de lesa soberanía, Ramón Lozano Garcés ya figuraba en la historia política y jurídica de Colombia como un jurista digno, sabio y audaz, tanto por sus ejecutorias legislativas, por su honradez y lealtad a los principios teóricos y doctrinales más avanzados en el Derecho de la época, como por la calidad de sus debates en el Congreso de Colombia y la de sus artículos en revistas académicas, libros y periódicos. De hecho, recién graduado como abogado, Lozano Garcés había escrito uno de los ensayos más significativos y valiosos dentro de la discusión del nuevo Código de Minas de Colombia, promovida por el presidente Alfonso López Pumarejo con el concurso de otra preclara mente chocoana, la de Adán Arriaga Andrade. Dicho ensayo fue publicado en la revista Estudios de Derecho, de la Universidad de Antioquia, en agosto de 1942[3].

Diez años antes del incidente de Bebedó, Ramón Lozano Garcés había asesorado jurídicamente al Municipio de Nóvita en sus reclamaciones contra la Chocó Pacífico por la sistemática y recurrente falta de pago del impuesto catastral a ese municipio. Esa actuación legal le había costado a Lozano Garcés una arbitraria e ilegal detención -orquestada por serviles funcionarios colombianos y abyectos funcionarios gringos de la empresa minera- que lo condujo temporalmente a la cárcel de Quibdó. Cárcel con honor, tituló Ramón Lozano Garcés su lúcido resumen de la situación que lo condujo a prisión.

Valiente y literalmente antiimperialista, desde sus primeros años de estudiante de Derecho en la Universidad de Antioquia en la década de 1930, Lozano Garcés había denunciado por todos los medios a su alcance los abusos y desafueros de los empresarios mineros gringos en el Chocó. De modo que su carta a Lleras Restrepo no era más que una reiteración, en un nuevo caso, de lo que tantas veces y durante tantas décadas este chocoano ejemplar le había mostrado a Colombia desde todos los escenarios públicos de la política y el gobierno, del ejercicio profesional del Derecho y de la cátedra universitaria.

He aquí la histórica carta, donde, además de la reiteración de sus principios morales y profesionales, de sus ideales liberales y de su compromiso social, Ramón Lozano Garcés resume lo ocurrido en Bebedó, incluyendo las irregulares actuaciones del gobierno nacional, y resaltando la dignidad del Gobernador del Chocó, Eladio Enrique Martínez Chaverra; así como renuncia a su candidatura como Senador principal por el Chocó y anuncia su voto por Lleras Restrepo para la presidencia de la república.

Los textos jurídico-políticos de Ramón Lozano Garcés se destacaron siempre por su aguda argumentación, la solidez de sus fundamentos jurídicos y la calidad de su escritura. FOTOS: Facebook-Ramón Lozano Garcés "Centenario".

La Constitución pisoteada

Quibdó, diciembre 11 de 1965.

Señor

Dr. Carlos Lleras Restrepo

Bogotá.

Desde mi mocedad he aquilatado el concepto de que el liberalismo debe ser la herramienta política para alcanzar mejores niveles de vida para el pueblo, para los de abajo, para los desposeídos de fortuna, que, en un mundo enfermo de egoísmos, son los más.

Sobre tal base doctrinaria he edificado todo lo que ha sido mi vida de treinta y cinco años de formación intelectual y de resistencia moral al servicio de Colombia, del Chocó y del Liberalismo.

He sido un abogado prácticamente en función social, pues al cabo de veintidós años de ejercicio profesional soy un hombre paupérrimo. Me siento orgulloso de serlo, porque eso indica, a una comunidad que me ha visto calumniado, cómo andan de errados mis detractores. Si hubiera querido enriquecerme a base de inmoralidades, seguramente que estaría con chequera y crecido saldo bancario. A mis hijos dejo la herencia de un carácter que jamás se quebró.

Quise participar activamente en la política de mi Departamento y del país en un momento que considero crucial para todos nosotros, es decir, para quienes creemos en el triunfo final de la democracia progresista. Pero han ocurrido en estos días hechos muy graves que me llevan a alejarme de toda intervención política, tal vez definitivamente.

Como abogado, he venido representando al pueblo de Istmina, que es parte vital del Chocó, en diligencias de avalúo por daños en la población de Bebedó, en gran parte dragada por las compañías de accionistas norteamericanos denominadas Pacific Metals Corporation y Chocó Pacífico. Se obtuvo un avalúo inapelable de acuerdo con el artículo 4º de la ley 13 de 1936 y 116 del Decreto 0805 de 1947. Se niega a pagar estos perjuicios la Chocó Pacífico y el Alcalde de Istmina, acatando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 1953 en el juicio de Nicolasa Blandón contra la Compañía Minera Chocó Pacífico en la que no hubo salvamento de votos y el artículo 197 del Código de Minas e inclusive los oficios 0394-0405 del Ministerio de Minas, procedió a suspender el dragado de la población de Bebedó hasta tanto se hiciera el pago de los perjuicios avaluados en diligencia inapelable y de perentorio cumplimiento.

Desde ese momento se puso a prueba la consistencia jurídica y moral de nuestro país, que se enorgullece de haber sacudido hace ciento cincuenta y cinco años el yugo español. La Pacific Metals y la Chocó Pacífico, representada en Bogotá por un hombre que perdió la noción de Patria, empezó a poner en marcha una serie de presiones al margen del Derecho con el objeto de obtener que el fallo pericial hecho ante el Alcalde de Istmina no se cumpliera.

Se trasladaron a Bebedó visitadores e Ingenieros de los Ministerios de Gobierno y de Minas a cumplir la proditoria misión de dejar burlados los derechos de una parte de Colombia. Llovieron los informes extra-juicio, los conceptos interesados y bien pagados y el teléfono del Ministerio de Gobierno a Quibdó sonó todos estos días para decirle al Gobernador que revocara la orden de suspensión expedida por el Alcalde de Istmina. El muy digno Gobernador del Chocó, Dr. Eladio Enrique Martínez, fiel a su estirpe, resistió el asedio, pero al fin hoy llegó la orden tantas veces esperada y anunciada por la Chocó Pacífico: el Gobierno Nacional por boca de su Ministro de Gobierno dispone que se ponga a andar la draga N° 6, dizque por el peligro que corre la población de Bebedó.

Semejante desfachatez para mentir, de parte de un Ministro del mismo Partido al cual pertenezco, ha sido para mi estructura espiritual un zarpazo aleve que la ha puesto a prueba. Si una alta autoridad colombiana, si un encargado de llevar en alto la dignidad del país, de hacer respetar su soberanía jurídica, se atreve a pasar por sobre un fallo ejecutoriado para burlarlo en contra de su propia Patria y a favor de unos capitalistas extranjeros, no queda nada que hacer distinto de rezar el credo. ¡Qué ejemplo para la juventud, qué ejemplo para un pueblo ansioso de un cambio en los sistemas y costumbres político-administrativas!

Yo no seré notario, ni testigo indiferente de esta protocolización melancólica de la indignidad nacional, de esta agonía del régimen de derecho en una nación que todavía habla de libertad, cuando en realidad en nuestra Constitución debería existir un artículo que dijera: “En Colombia los extranjeros gozan de más derechos que los nacionales, entre otros del derecho de cumplir los fallos de las autoridades colombianas cuando lo consideren conveniente”.

Sobro por ello en este momento crepuscular de las auténticas libertades de mi pueblo. Y, también por ello, declino mi postulación hecha por la inmensa mayoría del liberalismo chocoano, como candidato principal al Senado de la República.

En cuanto a su candidatura a la Presidencia, la considero excelente. Sus ideas sobre la realidad nacional me convencieron de que hará un buen gobierno. Mi voto será depositado por su nombre.

Me quedan pocos años de vida, que los dedicaré a servir a la sociedad desde mi oficina de abogado y a enseñar a mis descendientes que más vale morir de pies que vivir de rodillas.

Créame su amigo sincero, 

Ramón Lozano Garcés.

FOTO: Archivo fotográfico y fílmico del Chocó.

El documento del abogado Lozano Garcés y la renuncia del Gobernador fueron un desenlace totalmente sorpresivo e inesperado del conflicto para el gobierno nacional. Pero, aún habría más. Joaquín Rodríguez Asprilla y Guido Perea Mosquera convocaron a un amplio sector de la ciudadanía quibdoseña, incluyendo al comercio, a un paro cívico que solamente se suspendería cuando el gobierno nacional obligara a la abusiva Chocó Pacífico a pagar por los daños causados y a suspender trabajos en Nóvita y en otros sitios donde su presencia era más un factor de peligro para la gente y el territorio, que un elemento de progreso económico. Los organizadores -Rodríguez Asprilla y Perea Mosquera- conformaron entonces el que denominaron Comité de Salvación Pública del Chocó, al cual invitaron como integrante de honor al doctor Ramón Lozano Garcés. El 17 de diciembre de 1965 se fijaron las reglas del movimiento y el paro comenzó.

Ejemplares y memorables

La renuncia a la Gobernación del Chocó por parte de Eladio Enrique Martínez Chaverra, así se tratara de un encargo temporal y no de un nombramiento definitivo; y la renuncia de Ramón Lozano Garcés a su candidatura al senado, a su participación en la escena pública y a su condición de apoderado legal del Municipio de Istmina en el pleito contra la Chocó Pacífico por los daños y perjuicios inferidos a la población de Bebedó; ambas motivadas por el abierto y venal favorecimiento del gobierno nacional hacia los intereses de esta empresa, son un ejemplo de dignidad y ética, dos cosas que hoy tanto echamos de menos.

Son dos renuncias literalmente memorables en el contexto de uno de tantos casos de violación de derechos y de usurpación de la soberanía nacional cometidos por la empresa Chocó Pacífico, emblema del enclave minero norteamericano en el Chocó, que saqueó la región durante medio siglo XX. De paso, le hacemos un homenaje anticipado a Ramón Lozano Garcés, de cuyo nacimiento se cumple el 111° aniversario el 24 de septiembre y de cuyo fallecimiento conmemoraremos 40 años el 22 de septiembre de 2023.

---

[1] Américo Murillo Londoño (2023). La Minera Chocó Pacífico y sus andanzas por Bebedó. El Manduco. https://elmanduco.com.co/2023/02/23/la-minera-choco-pacifico-y-sus-andanzas-por-bebedo-por-americo-murillo-londono-mis-memorias-movimientos-y-paros-sociales-en-el-choco-ii-parte/

[2] EL TIEMPO, 15 de diciembre de 1965. Renunció el Gobernador del Chocó.

[3] Ramón Lozano Garcés (1942). Crítica de la posesión en el proyecto de nuevo Código de Minas. Revista Estudios de Derecho. Órgano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, agosto de 1942. Volumen 4, N°11. Pp. 201–228. https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/334409/20790300