lunes, 6 de mayo de 2024

 Viviendo de milagro: 
clamor humanitario en el Chocó
Chubasco, Fredy Sánchez Caballero.
Río con arreboles, Balbino Arriaga Ariza.

“El milagro de la supervivencia de negros e indios en esta selva, lo ha propiciado la selva misma. Se puede estar seguro de que, si los instintos hubieran extraviado a los negros, llevándolos a tierras que ofrecieran menos abundancia de los medios de vida, el genocidio institucional programado contra esta nación habría llevado al exterminio de su raza”. Carlos Arturo Caicedo Licona. El Chocó por dentro, 1980.[1]

41.297 personas de 106 comunidades rurales (41% afrochocoanas, 59% indígenas) de las subregiones del Baudó, el San Juan y el Pacífico, en el departamento del Chocó, han sido víctimas de 82 hechos de violencia armada en el lapso de los tres primeros meses del año 2024, incluyendo 47 homicidios, 34 de los cuales ocurrieron en Quibdó; según datos compilados y publicados por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), una plataforma social y étnica que agrupa a la mayor parte de las organizaciones del pueblo negro y de las comunidades indígenas de la región.

El reporte trimestral del FISCH, “Alerta Chocó. Informe balance de la crisis humanitaria en el departamento del Chocó en el primer trimestre del 2024”[2], publicado el pasado 28 de abril, informa que 35.752 personas han sido víctimas de confinamiento durante el periodo; por la presencia de actores armados, minas antipersona, restricciones a la movilidad y enfrentamientos entre grupos, en un 30.9% de los casos; y en un 69.1% por los llamados “paros armados”.

Recluidos, desterrados, confinados en sus propias viviendas y poblados, en sus propios territorios de propiedad colectiva, durante buena parte de los meses de enero, febrero y marzo, a las comunidades negras e indígenas del Chocó, en las subregiones del San Juan (79,2% de los casos de confinamiento), Pacífico (14.8%) y Baudó (5.6%), se les ha impedido desarrollar normalmente las múltiples actividades de sus sistemas productivos, las cuales requieren ir a diario hasta las fincas en el monte, para socolar y cultivar, cosechar árboles maderables y frutales, y recolectar plantas medicinales, alimenticias y de condimento. Así mismo, los señores de la guerra han imposibilitado el recurso periódico a cotos de caza y sitios de pesca, para la procura de alimentos y demás bienes naturales que la selva prodiga en sus ciclos naturales a sus habitantes consuetudinarios, quienes durante cientos de años, sabiamente, han estructurado sistemas que les proveen el sustento durante todo el año, en los bosques y orillas, en los ríos y en las mares, en los deltas y manglares, que forman parte de su vida y son el fundamento de ella.

De modo que, cuando un grupo armado impide el normal desarrollo de estas actividades productivas, lo que está impidiendo es el transcurso de la vida, su reproducción, su desarrollo, su manutención, el bienestar de la gente… Confinados de modo forzoso, estos 35.752 hombres y mujeres, indígenas y negros, de todas las edades, en más de una ocasión, solamente han podido salir para desplazarse, también de modo forzado, furtivamente, con el miedo a cuestas, hacia cabeceras municipales y centros poblados de mayor tamaño. En 16 comunidades de las subregiones chocoanas del San Juan, el Baudó y el Pacífico, 4.889 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado entre enero y marzo de 2024, por enfrentamientos, amenazas e incursiones armadas de grupos irregulares.

Dos días después del informe del FISCH sobre tan penosa situación humanitaria del Chocó, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) informó al país que “en marzo de 2024, la tasa de desocupación en el total nacional fue del 11,3% y en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 10,8%”[3]; mientras que la tasa de desocupación de Quibdó fue del 29.7%; con una proporción de informalidad del 57% en la población ocupada de la ciudad.[4]

Se trata de una violación flagrante a todos y cada uno de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y los derechos de los pueblos, de la gente del Chocó. Una violación que en un Estado social de Derecho no debería ocurrir, no se debería permitir.

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