Descaro

*Ilustración: Stella Maris

Domingo Santos Córdoba y Ricardo Hernández García fueron oficialmente reportados como desaparecidos el 23 de junio de 1997, en Quibdó, Chocó. Ambos eran líderes activos de los procesos organizativos de las comunidades negras e integrantes de la entonces Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, posteriormente y en la actualidad Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato, COCOMACIA. Pocos días después, sus cuerpos calcinados e irreconocibles se convirtieron en evidencia palpable y prueba irrefutable para incrédulos de la gravedad de la situación que desde finales de la década de los ochenta había venido remontando el Atrato desde el Urabá antioqueño y el Darién Chocoano, copando los cativales del Bajo Atrato y buscando enseñorearse en el centenar y medio de pueblos del Atrato Medio que llevaban más de una década organizándose alrededor de sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y étnicos.

Van a ser 25 años de ese cruel asesinato, que en la memoria es una especie de doloroso epítome de lo que han sido para las comunidades étnicas, campesinas y urbanas del Chocó las últimas tres décadas de una violencia continua, sistemática, atroz y delirante, que hace 20 años fijó con un baño de sangre inocente e indefensa uno de los peores hitos de la historia del conflicto armado colombiano: la masacre de Bellavista o de Bojayá, el 2 de mayo de 2002.

Durante los 30 años transcurridos desde aquel agitado 1992 cuando, a la luz de las reflexiones sobre el verdadero significado de los 500 años de la colonización europea del continente americano, las organizaciones comunitarias, sociales y étnicas del Chocó, encabezadas por la ACIA y la OREWA, hicieron visibles sus demandas en relación con la deuda histórica generada por aquel devastador proceso; no ha habido rincón del Chocó adonde esta guerra sostenida contra la vida no haya llegado: en el San Juan y el Baudó, en el Pacífico y el Darién, en todo el Atrato, la gente pasó del temor al miedo y del miedo al pavor y al terror, de modo que el pánico y la pesadumbre se tomaron la vida cotidiana y la fueron degradando hasta convertirla en una vida que ya no es vida, pues no puede serlo ese estado de zozobra permanente en medio del cual nunca se sabe si se llegará vivo hasta el final de cada día.

Veintiocho entidades de la sociedad civil, entre ellas las principales organizaciones étnicas de indígenas y afrochocoanos, algunas ONG de origen eclesial, las tres diócesis católicas con jurisdicción en el Chocó y otras instituciones eclesiásticas, resumieron en quince puntos los hallazgos de seis Misiones Humanitarias que llevaron a cabo durante 2021 en el territorio de once municipios del Chocó, cuyo informe fue presentado ampliamente en una rueda de prensa realizada en Bogotá, en noviembre de 2021[1]:

1. Control territorial por parte de los grupos armados ilegales.

2. Asesinatos selectivos.

3. Amenazas a líderes y comunidades.

4. Limitación de la movilidad y la productividad.

5. Violación de la autonomía territorial de las autoridades étnicas.

6. Desplazamientos forzados individuales y masivos.

7. Confinamientos.

8. Violencia sexual basada en género.

9. Reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

10. Suicidios, especialmente en contextos de comunidades indígenas.

11. Instalación de minas antipersonal en caminos, cultivos de pancoger y en algunos casos dentro de las mismas zonas pobladas.

12. Enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre el ELN y el Clan del Golfo; aunque también empieza a verse una presencia incipiente de las disidencias de las FARC. La disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.

13. Abandono estatal en todos los niveles e instancias, pues el Estado colombiano no garantiza derechos básicos en materia de acceso a la salud, educación, formal e informal, condiciones de trabajo digno, seguridad social, vivienda culturalmente apropiada, productividad, comercialización, recreación y deporte, soberanía y seguridad alimentaria, y servicios públicos, en particular conectividad digital. En esta perspectiva, se puede afirmar que el Estado es el principal victimario en estos territorios.

14. Ineficacia de la presencia de la Fuerza Pública para un adecuado control territorial, que en algunos casos se configura en claras situaciones de connivencia con el Clan del Golfo.

15. Violencia urbana que afecta a personas jóvenes, niños, niñas y adolescentes, especialmente en Quibdó, teniendo en cuenta que, en lo corrido del año 2021, han asesinados aproximadamente 156 jóvenes.

Hace un mes, el pasado 21 de enero, las mismas organizaciones autoras de este informe dirigieron oficialmente una carta al Presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, en donde, además de resumir lo hechos, contextualizar el informe y reseñar detalladamente las destempladas respuestas negacionistas de la situación, emitidas por funcionarios civiles y militares de alto rango del gobierno actual, le manifiestan directamente su preocupación por el hecho de que “el Estado ante la grave situación social, visibilizada a través de las misiones humanitarias, sólo tenga una respuesta de negación que pueda contener en el fondo la intencionalidad de silenciar lo que está ocurriendo en el Chocó y occidente de Antioquia”. Y le solicitan, con carácter de urgencia, una reunión para dialogar sobre el documento de noviembre de 2021 y el trabajo de las organizaciones y de la Iglesia en el Chocó; así como para “concretar respuestas integrales, inmediatas y eficaces, desde las distintas instancias del Estado y Gobierno a fin de detener la violencia y atender la crisis humanitaria que afecta gravemente la vida y supervivencia de las comunidades del Chocó, occidente antioqueño y Pacífico en general”[2].

Adicionalmente, el Obispo de la Diócesis de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, citando a la Defensoría del Pueblo y actuando como vocero del grupo de organizaciones, subrayó públicamente que el año pasado el 72% de la población chocoana estaba en riesgo y que hoy, a febrero de 2022, esta cifra se ha elevado al 77%. El viernes 18 de febrero, el ministro del Interior calificó de falsas y extravagantes las afirmaciones del Obispo, quien este sábado 19 informó que la reunión programada por la presidencia con su consejero de derechos humanos "ha sido cancelada unánimemente por parte de la sociedad civil, teniendo en cuenta que, por los calificativos dados por el ministro de Interior a la labor de la Iglesia y de los líderes, no es un momento oportuno para el diálogo”. Esta semana, el colectivo de organizaciones étnicas del Chocó, en conjunto con la Iglesia, definirán los caminos a seguir frente a la situación.

Hace 20 años, cuando en Quibdó ya se contaban más de 4.000 desplazados de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, “la Diócesis de Quibdó, reunida en Asamblea Diocesana del 19 al 21 de agosto de 2002”[3], fundamentada en un detallado repaso de la masacre de Bojayá y de los hechos desencadenados desde entonces en el territorio de su jurisdicción, expresó públicamente cinco exigencias cuya validez y vigencia actuales son asombrosamente dolorosas:

1. Exigimos al Estado colombiano que atienda de manera urgente y eficaz la grave situación de orden social y humanitario que viven las comunidades y pueblos del Chocó. De manera especial exigimos que se preste la atención en salud, educación y demás necesidades básicas, antes que aumentar el presupuesto militar y consecuentemente la presencia de hombres armados en las comunidades.

2. Exigimos al Estado colombiano que a través del sistema de justicia se investiguen y sancionen a los diferentes responsables de las diversas acciones violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que la Diócesis de Quibdó y otros organismos como la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos hecho en repetidas ocasiones.

3. Exigimos al Estado colombiano y a su nuevo gobierno que se establezcan mecanismos que verdaderamente protejan los derechos humanos de nuestras poblaciones y no que en el marco de la Conmoción Interior se restrinjan las libertades y derechos fundamentales que todos tenemos.

4. Exigimos a los distintos grupos armados que reconozcan la autonomía de los pueblos indígenas y negros del Chocó y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, que obligan a proteger la población civil, que debe quedar excluida de las acciones bélicas.

5. Exigimos a todas las partes del conflicto armado que se abstengan de seguir haciendo señalamientos contra miembros de las comunidades y en especial contra evangelizadores de esta Diócesis en el sentido de ser simpatizantes o colaboradores de algún grupo armado, acusaciones infundadas que traen nefastas consecuencias para sus víctimas.

Foto: Santiago Ramírez

Sometidas al asedio y al ultraje permanente de todo grupo armado que actúe en la región, confinadas en su propia casa y expuestas así a las más torvas determinaciones de los grupos delincuenciales, prácticamente imposibilitadas para revertir la situación, desoídas por sus propios coterráneos que detentan los cargos de gobierno y representación en absoluto mutismo e inacción frente a lo que le acontece a quienes los eligieron; las comunidades indígenas, campesinas y negras del Chocó han denunciado de modo sistemático y documentado, con el apoyo de las diócesis, los detalles y la gravedad de los hechos. En vano, pues no pareciera existir una preocupación real entre quienes constitucional y legalmente están obligados a atenderlos y a tomar verdaderas cartas en el asunto, en lugar de seguir creyendo que se trata de un simple problema de orden público que se arregla con unos cuantos policías más montados en unas cuantas motocicletas más, o de una guerra de juguete que se ganará con unos cuantos soldaditos de plomo adicionales; unos y otros violentando muchas veces a las víctimas, en lugar de ayudarlas.

Hoy como ayer, las únicas respuestas estatales siguen siendo los infructuosos y efectistas consejos de seguridad y su consiguiente incremento del famoso pie de fuerza, al igual que las insensatas declaraciones de militares y ministros vociferantes, que salpican los micrófonos de la prensa con la supuesta autoridad de su gobierno en un territorio en el cual no la tienen porque hace mucho tiempo la perdieron, la cedieron, o nunca la han tenido. Un ciclo infructuoso y desalmado, convertido en cantinela estéril y en cínico negacionismo, con la lamentable e impúdica conchabanza del poder local y regional. Se les debería caer la cara de vergüenza por tanta desidia y por tan impúdico descaro.

---

[1] FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ, MESA DE CONCERTACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CHOCÓ, ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA, COCOMACIA, ACABA, ASCOBA, ACADESAN, COCOMINSA, ASOCOMESAN, COMITÉ POR LAS VÍCTIMAS DE BOJAYÁ, PCN, CONPA, ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, DIÓCESIS DE APARTADÓ, DIÓCESIS DE QUIBDÓ, DIÓCESIS DE ISTMINA-TADÓ, MISIONERAS DE LA MADRE LAURA, RELIGIOSOS CLARETIANOS, IGLESIA LUTERANA, IGLESIA METODISTA, IGLESIA PRESBITERIANA, COORDINACIÓN RGIONAL DEL PACÍFICO, CIVP, SIZZOC, ANSUR, SICSAL, CODHES, CIEDERPAZ. MISIONES HUMANITARIAS EN EL CHOCÓ Y OCCIDENTE DE ANTIOQUIA INFORME COLECTIVO SOBRE LA GRAVE CRISIS HUMANITARIA Y DE DERECHOS HUMANOS. Noviembre 18 de 2021. Documento para el Estado colombiano y los medios de comunicación. Tomado de: https://www.cec.org.co/sistema-informativo/destacados/informe-de-las-misiones-humanitarias-realizadas-en-el-choc%C3%B3-y

[2] La carta está publicada en: https://www.cec.org.co/sistema-informativo/iglesia-colombiana/iglesia-y-organizaciones-etnicoterritoriales-piden-respuesta

[3] Bojayá bajo el prisma de los Medios de Comunicación. Noche y Niebla. Caso Tipo Nº 1. Banco de Datos CINEP. 2002. 38 pp. Pág. 37. Consultado en:

https://pacificocolombia.org/wp-content/uploads/2016/05/0913712001285715827.pdf