Mil emberas con miedo
 |
| Ocaso. Foto: Julio César U. H. |
Según datos oficiales, son 195 familias integradas por 906 personas, entre ellas más de 200 niños. Proceden de cuatro comunidades indígenas: El Brazo -a la cual pertenecía el líder- Pozamansa, Boro Boro y Bacurú Purrú, donde -según informó la Defensoría del Pueblo- ocurrió el homicidio. Aunque están padeciendo hambre y su hacinamiento en la sede de una institución educativa de El Valle es literalmente un caldo de cultivo para la eclosión de todo tipo de enfermedades, incluyendo el consabido y temido Covid-19; en medio de llantos que salen del alma, con voces entrecortadas y resecas de dolor, hombres y mujeres no reclaman nada diferente a que los dejen vivir en paz en sus territorios.
“No queremos más violencia. Queremos es paz. Por nuestros hijos, por nuestros bebés que tenemos en sus manos, las mamás están sufriendo. En estos momentos estamos asustados, porque nunca había pasado esto. Necesitamos es paz, no más violencia, no más, no más violencia, señores, no más. No más violencia en nuestro territorio. Los indígenas no queremos eso”, grita una mujer embera, transfigurada por el dolor, desgarrada por el sufrimiento, en medio de una marcha de las comunidades desplazadas por las calles encharcadas del corregimiento de El Valle. “No quiero ver más sangre derramada, sangre inocente”, proclama otra mujer, que termina con los ojos anegados de llanto.
Como lo han expresado tanto en embera como en español, si el país así lo quisiera, bien podría incluso no darles nada. Bastaría con que los dejaran vivir tranquilos, en sus tambos, en su monte, en su río, en sus playas y manglares, en sus cascadas, en sus colinas, en su territorio. Eso sería suficiente. Y, aun así, sin nada adicional a la tranquila soledad en la que han transcurrido miles de sus noches desde que la vida es vida entre la gente de este pueblo ancestral, ellos continuarían preservando su territorio para la humanidad, como lo han hecho desde que tienen memoria, obteniendo del mismo básicamente lo necesario para hacer posibles sus vidas y las de las generaciones por venir.
Desde el primer momento de esta infamia, el Alcalde y el Personero Municipal de Bahía Solano, la Gobernación del Chocó y otras autoridades locales y regionales, así como la Defensoría del Pueblo desde Bogotá, han hecho lo que está en sus manos para atender esta emergencia humanitaria, para paliar en lo posible esta descomunal tragedia humana desencadenada por el asesinato de Miguel Tapí. Pero, es muy poco lo que está en sus manos, sobre todo si las manos son locales y regionales; pues ni siquiera cuentan con provisiones de emergencia suficientes para facilitar condiciones higiénicas y medianamente cómodas de alojamiento, alimentación y atención integral en salud a estos casi mil indígenas que viven hoy el desplazamiento forzado.
Por ello, todas las autoridades locales y regionales, cada una a través de sus propios conductos y contactos, individualmente y en conjunto, se han dirigido insistentemente al gobierno nacional, cuya respuesta inmediata, típica y predecible, fue hacer presencia militar en la zona del crimen, en esos caseríos desolados de donde -expulsados los indígenas- solamente han quedado las voces de la selva, el silencio triste y descomunal de los jai o espíritus que presiden la vida en el territorio embera. Como si sus armas y su parafernalia de guerra fueran a servir de algo allí donde ahora no hay gente.
Como siempre, la guerra estaba advertida. El 22 de abril de 2020, un poco más de seis meses antes del asesinato del exgobernador embera, la Defensoría del Pueblo le entregó al gobierno colombiano, a través del Ministerio del Interior, la “Alerta Temprana de Inminencia N° 016-2020, debido a la situación de riesgo que afrontan los habitantes de los barrios Chambacú, El Poblado, Las Conchitas, Barrio Nuevo y Las Brisas; y los corregimientos El Valle, Huaca, Bahía Cupica y la vereda Playita Potes del municipio Bahía Solano, Chocó, por la disputa territorial entre las AGC, el grupo armado de crimen organizado Los Chacales y el ELN”[1]. El documento, firmado por el entonces Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, incluye la localización geográfica del riesgo, en la cual se puede ver claramente la delimitación resaltada tanto de los corregimientos y los barrios del área urbana, como de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas amenazados.
Como siempre, la alerta no fue debidamente atendida: la muerte llegó antes que las medidas de defensa de la vida, a pesar de lo detalladas que fueron la exposición de los hechos y las diez recomendaciones del documento para las diversas autoridades e instancias de todos los ámbitos. Y no fue atendida, quizás, porque en el fondo, así ahora se refiera a ellos con el lenguaje y las formalidades impuestas por la Constitución Política de 1991, el gobierno sigue tratando a los indígenas como si en Colombia aún rigiera la Constitución de 1886. De hecho, ni siquiera ha llegado la ayuda que los funcionarios locales y regionales de Bahía Solano y del Chocó han pedido insistentemente después de que ocurrió el crimen que pudo evitarse, para atender a estos casi mil emberas que fueron forzados a dejar sus comunidades y a salir huyendo. Estos casi mil emberas que vinieron a refugiarse, a esconderse, en un pueblo sin capacidad para albergarlos, porque no solo son muchos, sino que es muy grande su miedo como para sumárselo al que ya tienen los habitantes locales del corregimiento de El Valle.
Un desastre. Siguen abiertas nuestras venas...
ResponderBorrar